La nueva agenda de seguridad impulsada por el Gobierno contempla diferentes herramientas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, una de ellas abrió una discusión sobre hasta dónde pueden llegar las facultades del Estado y qué controles deben existir para evitar eventuales abusos.
Se trata de la posibilidad de interceptar comunicaciones bajo determinadas condiciones dentro de un nuevo estado de excepción contemplado para barrios.
El tema fue abordado por Felipe Simonsohn durante su columna de asuntos públicos en Concierto Valor, donde analizó algunos de los principales proyectos que actualmente marcan la agenda legislativa.
El especialista advirtió particularmente sobre aquellas medidas que podrían flexibilizar los controles judiciales existentes.
Felipe Simonsohn
La alerta por la interceptación de comunicaciones
Entre las herramientas contempladas dentro de la agenda de seguridad ACOT aparecen la Ley Naín Retamal 2.0, nuevas reglas de uso de la fuerza y la creación de un estado de excepción aplicable en determinados barrios.
Fue este último punto el que generó una de las principales advertencias de Simonsohn. “Hay una serie de permisos que se salta el control judicial como la interceptación de comunicación”, señaló.
El columnista puso el foco en las consecuencias que podrían tener facultades de este tipo cuando no existen suficientes mecanismos de control. “Y eso es delicado porque... se pueden, digamos, interceptar, no sé, teléfonos a periodistas”, ejemplificó.
La discusión, por lo tanto, no apunta únicamente a entregar nuevas herramientas para combatir el delito, sino también a establecer cuáles serán sus límites y bajo qué condiciones podrán utilizarse.
Seguridad y sensación de impunidad
Simonsohn también planteó que el problema de seguridad no depende exclusivamente de la ocurrencia de delitos.
La percepción que tiene la ciudadanía sobre la capacidad del Estado para responder ante ellos también juega un papel relevante. “La sensación de inseguridad también pasa por la sensación de impunidad que a su vez también inhibe la presentación de denuncias por parte de la ciudadanía”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, fortalecer la respuesta estatal requiere generar confianza en que las instituciones pueden actuar frente al delito, pero manteniendo los mecanismos de fiscalización sobre las nuevas atribuciones.
La velocidad del Gobierno en la Ley de Reconstrucción
La columna también abordó el avance de la Ley de Reconstrucción, donde el Ejecutivo logró despachar rápidamente sus vetos.
Entre los asuntos incluidos se encontraban materias relacionadas con el pago a pymes en 30 días y el denominado “derecho al olvido”.
Simonsohn destacó la capacidad del Gobierno para conseguir su objetivo legislativo. “Hay que reconocer que el gobierno en esta pasada cumplió su objetivo, lo hizo en un tiempo récord”, afirmó.
Sin embargo, planteó que todavía queda por observar cuál será el efecto político del proceso. “Habrá que ver cómo queda parada la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo”, agregó.
El regreso profesional del exministro Luis Cordero
Otro de los asuntos analizados fue el regreso del exministro Luis Cordero al ejercicio profesional y su representación de actores de la industria salmonera ante el Tribunal Constitucional.
La discusión estuvo vinculada a artículos relacionados con la relocalización de jaulas de cultivo. Asimismo, abrió interrogantes respecto de los límites entre el ejercicio profesional y las responsabilidades que anteriormente desempeñó una autoridad.
Simonsohn partió de una premisa básica frente a la controversia. “Partamos de la base que el trabajo es un derecho... uno tiene el derecho, digamos, a desarrollar su carrera profesional”, señaló.
A partir de ese caso, planteó una discusión más amplia sobre la forma en que deberían funcionar los mecanismos regulatorios. “¿Será que podemos poner la carga de la responsabilidad más que la fiscalización previa en la responsabilidad de los actores... y tenemos la madurez para poder fiscalizarla y sancionar en caso de incumplimiento?”, cuestionó.
Los distintos debates analizados durante la columna tienen un elemento en común: el equilibrio entre entregar mayores capacidades de acción y mantener mecanismos efectivos de control.
En materia de seguridad, esa tensión adquiere especial relevancia cuando las nuevas facultades pueden alcanzar ámbitos sensibles como las comunicaciones privadas. La discusión no pasa únicamente por determinar qué herramientas necesita el Estado para enfrentar el crimen, sino también por establecer qué límites y controles deberán acompañarlas.
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