Varias organizaciones han denunciado este jueves ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) al Presidente Sebastián Piñera, y otras autoridades políticas y policiales. Esto por "su participación en crímenes de lesa humanidad" durante las protestas sociales masivas que se han desarrollado en el país desde octubre de 2019.
El recurso fue presentado por el exjuez español Baltasar Garzón. Y está impulsado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia.
"Hemos decidido recurrir al TPI porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto, tienen el derecho y el deber de hacerlo. Cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables", apuntan las organizaciones.
Así, han precisado que los casos de "tortura, tortura sexual, homicidio, traumas oculares (...)", así como las "lesiones graves y las detenciones arbitrarias" que han tenido lugar durante las manifestaciones. Corresponden a una "política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los Derechos Humanos".
"Mucha de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad", han agregado los demandantes, por lo que han insistido en que "no pueden quedar en la impunidad. Como establece la normativa internacional de los Derechos Humanos vigente en Chile, como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado, el 29 de junio del año 2009".
Respuesta asimétrica
En este contexto, han apuntado a que se han incumplido las recomendaciones de organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). Esta llamó a reformar los protocolos del Gobierno de Sebastián Piñera.
Según recuerdan los denunciantes, ACNUDH aludió a que Carabineros había "incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos".
"Las políticas represivas ordenadas y consentidas por el presidente e implementadas por los generales directores de Carabineros de Chile y sus altos mandos; los ministros del Interior y Seguridad Pública; ministros de Defensa, y subsecretarios respectivos, continúan sistemáticamente dañando gravemente a la población civil", han añadido.
Por otro lado, las organizaciones han condenado también una respuesta "asimétrica" por parte del Poder Judicial. Esto por "imponer y mantener medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social".