La Ley 21.850 fue publicada en el Diario Oficial y activará desde el 1 de noviembre sus primeras disposiciones.
El paquete incluye recursos adicionales para zonas afectadas por incendios, beneficios tributarios e incentivos a la inversión.
Además, la implementación será gradual. Algunas normas comenzarán en noviembre, otras, en diciembre y enero de 2027, mientras que ciertas medidas dependerán de los plazos que fija la propia ley.
La megarreforma entra en vigencia con un calendario que incidirá en empresas, contribuyentes y organismos públicos.
Reconstrucción e incentivos: los primeros cambios
En materia de emergencia, la ley amplía en $400 mil millones el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios. Así, podrá alcanzar hasta $1,2 billones y extender su cobertura a Ñuble y Biobío, además de Valparaíso.
Por otra parte, el texto contempla una exención temporal del IVA para determinadas viviendas nuevas.
La aplicación dependerá de las condiciones previstas en la normativa, por lo que compradores y empresas deberán revisar los requisitos específicos antes de acogerse al beneficio.
A su vez, la reforma establece una rebaja gradual del impuesto de primera categoría. También elimina las contribuciones de la vivienda principal para adultos mayores que cumplan los requisitos legales, una medida cuyo alcance dependerá de cada caso.
En ese marco, el paquete suma incentivos para actividades productivas. Entre ellos figura un crédito tributario para empresas exportadoras de servicios basados en el conocimiento, con porcentajes diferenciados según dónde se desarrollen las operaciones.
Permisos, empresas y sector público
Desde noviembre, el plazo para invalidar administrativamente ciertos actos se reducirá de dos años a uno. La ley incluye, además, cambios que buscan acelerar permisos ambientales, autorizaciones acuícolas y trámites ante el Consejo de Monumentos Nacionales.
En paralelo, el crédito para exportadores de servicios equivaldrá al 15% de determinadas remuneraciones. La iniciativa considera una tasa mayor para operaciones fuera de la Región Metropolitana o en comunas rurales de la capital.
En esos casos, el beneficio subirá al 20%, conforme a las condiciones establecidas por la norma. La medida apunta a empresas que prestan servicios basados en el conocimiento y puede favorecer operaciones regionales, siempre que acrediten los requisitos correspondientes.
Por su parte, la ley endurece las sanciones por uso indebido de licencias médicas en el sector público. Las conductas podrán calificarse como infracciones graves a la probidad y, cuando corresponda, derivar en la destitución de quienes resulten responsables.
Mientras varias disposiciones parten en noviembre, el calendario contempla otras etapas posteriores.
Esta Ley de Reconstrucción Nacional fija distintos momentos de aplicación, por lo que empresas, trabajadores y contribuyentes deberán identificar qué reglas les afectan y desde cuándo.
La publicación oficial abre la fase de implementación de la megarreforma, con medidas tributarias, administrativas y de reconstrucción que comenzarán a operar en fechas distintas.
La entrada en vigor desde noviembre marca el primer hito de un paquete cuyo alcance completo se desplegará gradualmente.