Un bot no puede entrar a una urna ni emitir un voto. Pero sí puede participar de conversaciones digitales, amplificar determinados contenidos y eventualmente modificar la percepción que una persona tiene antes de decidir su sufragio.
Esa diferencia está en el centro de la nueva Comisión Especial Investigadora impulsada en la Cámara de Diputados, que busca indagar el impacto que pudo tener la denominada “contaminación digital” sobre procesos electorales y constitucionales desarrollados en Chile entre 2020 y 2025.
El diputado independiente-PPD José Montalva, impulsor de la instancia, explicó en conversación con Concierto Valor que la investigación no estará limitada a determinar eventuales vínculos con el consultor político argentino Fernando Cerimedo.
El objetivo será más amplio: estudiar el uso de bots, robotización y otros mecanismos artificiales de influencia, revisar cómo respondieron las instituciones y determinar si existen vacíos que requieran nuevas regulaciones.
Más allá del denominado “caso Cerimedo”
Aunque la discusión pública ha puesto el nombre de Fernando Cerimedo en el centro, Montalva sostuvo que reducir la comisión exclusivamente a ese caso dejaría fuera el problema que pretende abordar. “Acá hay algo mucho más amplio, que es cómo la contaminación digital pudo haber afectado a procesos electorales entre 2020 y el 2025”, explicó.
La comisión pretende revisar un periodo especialmente intenso en términos electorales y constitucionales para Chile.
Según el parlamentario, durante esos años existieron fenómenos digitales que justifican analizar cómo funcionaron los mecanismos institucionales frente a nuevas formas de intervención en la conversación pública. “Hubo bots, robotización, hubo, digamos, elementos de manipulación de la opinión pública mediante métodos artificiales”, sostuvo.
La investigación parlamentaria buscará entonces observar el fenómeno de manera más amplia y no únicamente determinar la actuación de una persona específica.
“Un bot puede cambiar percepciones”
Una de las distinciones centrales planteadas por Montalva tiene que ver con la diferencia entre alterar directamente una votación e influir sobre el entorno informativo en que una persona toma su decisión. “Yo con esto no quiero decir que un bot vote, sino más bien que un bot puede cambiar percepciones”, señaló.
Ese punto permite entender qué pretende investigar la comisión.
El eventual impacto de estas herramientas no necesariamente ocurriría dentro del proceso formal de votación, sino previamente, mediante la amplificación artificial de mensajes, opiniones o determinadas narrativas en plataformas digitales.
Desde esa perspectiva, la pregunta no sería únicamente si los votos fueron correctamente contabilizados, sino también qué tan preparado está el sistema institucional para enfrentar mecanismos artificiales capaces de intervenir en la conversación que antecede a una elección.
Una comisión investigadora no es la Fiscalía
Montalva también hizo una separación entre las responsabilidades de una investigación penal y las que corresponden a una comisión de la Cámara.
Determinar si existieron delitos corresponde a instituciones como el Ministerio Público. La comisión, en cambio, pretende revisar el funcionamiento de organismos públicos involucrados en los procesos electorales, entre ellos el Servel, e identificar eventuales mejoras institucionales o legislativas. “Que algo no sea delito no significa que el Estado deba permanecer indiferente, digamos, frente a una situación que distorsiona nuestra convivencia”, sostuvo.
De esta forma, la discusión no quedaría limitada a establecer responsabilidades penales. También podría abrir interrogantes sobre las herramientas disponibles para detectar campañas artificiales, transparentar determinadas formas de financiamiento digital y responder frente a tecnologías que avanzan más rápido que la legislación.
La influencia de empresas y campañas digitales
Durante la entrevista también se abordó el papel que pueden desempeñar actores privados en este ecosistema.
Montalva hizo referencia a investigaciones internacionales de la Universidad de Oxford sobre mecanismos de financiamiento y campañas destinadas a intervenir artificialmente en conversaciones digitales.
En el caso chileno, el diputado sostuvo que existirían antecedentes que apuntarían al uso de recursos por parte de la asociación de AFP. Esto, para contratar influencers durante la discusión de la reforma previsional con el objetivo de incidir en la opinión pública.
Se trata de un antecedente mencionado por el parlamentario y que, con la información expuesta, no corresponde presentar como un hecho acreditado por la comisión. El ejemplo, sin embargo, fue utilizado para ampliar la discusión desde los bots hacia otras estrategias capaces de instalar mensajes de manera coordinada.
“Ya estamos llegando tarde”
Para Montalva, uno de los principales problemas está en la velocidad con que el Congreso consigue responder a las transformaciones tecnológicas.
El diputado cuestionó el nivel de conocimiento técnico existente para enfrentar una agenda digital que cambia constantemente. Como ejemplo mencionó la discusión sobre las casas de apuestas en línea y las dificultades para responder rápidamente ante la aparición de sitios espejo.
Su temor es que esa brecha vuelva a repetirse con tecnologías todavía más complejas. “Me aterra, digamos, saber que ya estamos llegando tarde, pero que además queremos seguir llegando tarde”, afirmó.
Montalva cuestionó además el rechazo que la creación de la comisión ha generado entre parlamentarios de derecha, quienes, según señaló, la han considerado una pérdida de tiempo. Para el impulsor de la instancia, el debate debería trascender una disputa política particular.
La discusión que busca abrir la comisión apunta finalmente hacia un desafío que probablemente seguirá existiendo después de cualquier elección específica: cómo proteger los procesos democráticos cuando las herramientas para influir sobre las personas ya no necesitan convencerlas únicamente mediante voces humanas.