La Ley Karin modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales tanto en la prevención, investigación y sanción al acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. La ley promulgada por el Presidente Boric el pasado viernes lleva este nombre en honor a Karin Salgado. Salgado era una TENS que tras sufrir acoso laboral en 2019 se quitó la vida.
¿En qué consiste la Ley Karin?
Esta nueva ley aplica tanto en el sector público como en el municipal y a grandes rasgos, establece protocolos y medidas concretas para garantizar entornos laborales seguros. Con la Ley Karin se crea un protocolo prevención del acoso laboral y/o sexual y la violencia en el trabajo. Esto pasa a ser una obligación de las empresas y de los órganos del Estado.
Con esta nueva modificación, se busca también perfeccionar los procesos de investigación del acoso sexual. El rol de la Dirección del Trabajo (DT) y de la Contraloría General de la República se refuerzan con esto. Además, ahora Chile se sumo a los lineamientos del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo.
José Santander, Jefe de Departamento Laboral y Económico de la Facultad de Derecho UCSC, explicó que la Ley Karin cambia las definiciones. “Modifica la actual definición de acoso sexual por la siguiente: cualquier conducta de agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado el menoscabo, maltrato o humillación, o amenace o perjudique la situación laboral u oportunidades de empleo del afectado”.
Según Dolores Irarrázaval, directora Jurídica del Instituto Profesional IACC, la Ley Karin impone la obligación de establecer protocolos de prevención del acoso laboral o sexual y de la violencia en el trabajo. Esto no estaban presente antes en la legislación.
En definitiva, busca garantizar una protección y prevención igualitaria ante casos de acoso en el ámbito laboral. La Ley se promulgó el pasado 5 de enero y entrará en vigencia transcurridos seis meses desde su publicación en el Diario Oficial.