En una nueva edición de Gabinete Concierto, el investigador del Centro de Estudios Públicos, Juan Luis Ossa, nos entregó su visión acerca de la designación Marta Herrera como candidata a Fiscal Nacional y el reciente Acuerdo por Chile.
Una candidatura destinada a fallar
La segunda candidata a Fiscal Nacional que seleccionó el Ejecutivo de la quina de la Corte Suprema es Marta Herrera. Para que la nueva candidatura se ratifique se necesitan 33 votos a favor del Senado. Sin embargo, varias figuras y partidos ya han expresado que la rechazaran, por lo que todo apunta a una segunda derrota. Frente a esto, surge la teoría de que el Gobierno está buscando una derrota para poder forzar una nueva quina.
"Uno esperaría que una autoridad tan importante como esta, en un momento tan relevante como este, fuera consensuada de una forma mucho más dinámica. Esto es un verdadero conflicto entre los tres poderes del Estado. Y la seguridad es por lejos la demanda o la exigencia más importante para la ciudadanía. No tener fiscal es demasiado grave en este momento. Hay delitos que no se están persiguiendo, hay cambios que no se están introduciendo. y por lo tanto uno esperaría algo más de negociación y de consenso por parte del Estado", afirma Ossa.
"Yo no sé en realidad, qué es lo que está esperando el gobierno. No creo que sea una buena idea que vaya a perder nuevamente, porque los debilita. La ciudadanía queda con la sensación de que el Gobierno no es capaz de llevar adelante una estrategia de largo plazo para elegir un fiscal".
Si es que el Gobierno finalmente gana por una pequeña diferencia, tampoco sería un escenario ideal porque la mitad del Senado estaría en contra del Fiscal designado. "Uno debería aspirar a un consenso lo más amplio posible, lo más legítimo posible para que al año siguiente el Senado o el Poder Judicial no esté en contra tuyo".
Acuerdo constitucional
A Ossa le gustó mucho el acuerdo, ya que las distintas fuerzas políticas lograron ponerse de acuerdo y el texto "toma en consideración no solo las bases que ya se habían acordado antes sino que también el proceso constituyente fallido ylo que está pensando en la ciudadanía respecto a a cómo debería ser el nuevo proceso constitucional".
"Esa mezcla de virtudes yo creo que nos van a llevar a una constitución que efectivamente refleje lo que debe ser una Constitución. Con los poderes del estado bien definidos, con el ordenamiento del Estado orgánicamente bien pensado, etcétera. Y que sea un órgano mixto es una buena idea a estas alturas del proceso, porque la Constitución hay que sacarla lo antes posible", concluye.
Desde el Centro de Estudios Públicos calculan que según cómo está dividido el Congreso, los 4/7 deberían ser conseguibles sin tener la necesidad de acudir a los extremos. Para que se apruebe se requieren 86 diputados y 29 senadores.
Aún así, Ossa recuerda que el acuerdo no está completamente cerrado, pues se le pueden agregar más cosas en la reforma constitucional. Bajo esa misma línea, el académico espera que se agreguen cuestiones sobre participación ciudadana e inhabilidades electorales para los miembros de las comisiones.
"Los consejeros constitucionales deben ser inhabilitados para presentarse en las próximas elecciones municipales y parlamentarias, para asegurarse que van a ir única y exclusivamente para redactar una nueva Constitución y no para hacer una carrera política".
La mayoría de los ex convencionales actualmente están persiguiendo una carrera política, están trabajando en el ejecutivo o ya están armando sus propias campañas para los próximos comicios.