El Concejo Municipal de la Municipalidad de Santiago resolvió este miércoles el futuro del festival de música Lollapalooza Chile. Todo, luego de una mediática discusión por los alcances perjudiciales para el Parque O'Higgins -recinto donde se lleva a cabo el evento- y los vecinos de los alrededores.
Tras un acuerdo entre los concejales, se aprobó la realización de una consulta ciudadana. Se hizo con exigencias a la productora, por 8 votos a favor y una abstención. Entre ellas, la de la propia alcaldesa Irací Hassler, quien declinó pronunciarse debido a la naturaleza del petitorio, dirigido a la administración, recoge ADN.
En tanto, la concejala Rosario Carvajal, quien impulsó el rechazo a la realización del festival, declinó entregar su voto y abandonó la sesión.
La situación del megaevento, que no se ha podido realizar en los últimos dos años debido a la pandemia del Covid-19, fue el último punto de la discusión entre la alcaldesa y los concejales, quienes llamaron también a transparentar a las y los vecinos las ganancias que recibe el municipio no sólo por este hito musical, sino también por otros eventos masivos.
Junto con el llamado a resguardar el Parque O’Higgins, así como la integridad de los habitantes del barrio, la consulta ciudadana se realizará cuando la productora Lotus, a cargo de Lollapalooza 2022, entregue las garantías que aseguren el cumplimiento de la normativa, que apuntan a la protección de este emblemático espacio.
Los antecedentes de la polémica de Lollapalooza
El debate fue puesto sobre la mesa por la concejala Rosario Carvajal. El pasado miércoles 3 de noviembre, durante la correspondiente reunión del Concejo, explicó los daños que el festival: "rechazamos modelo de administración que privatiza a través de concesiones, comodato y arriendos, dañando el #ParqueOhiggins patrimonio verde de Santiago. En sesión de comisiones recordamos pronunciamiento de @Contraloriacl que debe complir @Muni_Stgo", escribió desde su cuenta en Twitter.
En concreto, según resolvió la Contraloría, Lollapalooza se realizó sin considerar la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. Tampoco la municipalidad de Santiago (la administración anterior, para ser precisos) no elaboró un "Plan de Manejo Integral de la Zona Típica". Además, por el mismo evento musical existe una deuda de más de 90 millones de pesos referidos a la reparación de "deterioros confirmados", según escribió la concejala.