Los aluviones y las inundaciones que han afectado a distintos sectores de Santiago volvieron a instalar una discusión sobre la manera en que se construyen las ciudades chilenas. Más allá de la intensidad de las precipitaciones, existe una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando las viviendas, carreteras y otras obras se instalan en territorios que forman parte del recorrido natural del agua?
El arquitecto Antonio Lipthay, académico, investigador y empresario, abordó este problema durante su columna en Concierto Valor, donde advirtió que Chile necesita revisar sus criterios de planificación urbana ante fenómenos climáticos que podrían presentarse con mayor frecuencia.
Antonio Lipthay
Su diagnóstico apunta a la intervención de cuencas y quebradas, la necesidad de actualizar las normas de construcción y la importancia de proteger la infraestructura que permite mantener funcionando las ciudades durante una emergencia. “Estos son momentos en los cuales uno debería poner las cosas muy bien en perspectiva, porque esto no es una cosa que va a ocurrir eventualmente”, señaló.
Para el especialista, la prevención debe comenzar mucho antes de que se produzca un aluvión.
El problema de construir en cuencas y quebradas
Una de las principales preocupaciones de Lipthay está relacionada con la ocupación de territorios expuestos al paso del agua y los sedimentos. En las zonas precordilleranas, las quebradas y cuencas forman parte de sistemas naturales que conducen los flujos provenientes de sectores más elevados.
Cuando estos espacios son intervenidos o urbanizados sin considerar adecuadamente sus características, pueden aumentar las consecuencias de una emergencia. “Tenemos un problema de planificación por un lado, que deberíamos abordarlo seriamente”, afirmó.
El arquitecto explicó que la planificación territorial contempla restricciones para determinadas zonas, pero cuestionó cómo se intervienen espacios que presentan amenazas conocidas. “Quienes estudian el paisaje hablan de las cuencas. Nuestra planificación tiene áreas de restricción, pero ocurren estos accidentes porque se interviene y se construye en las cuencas”, sostuvo.
Su reflexión adquiere especial relevancia después de los aluviones que afectaron sectores precordilleranos como San Carlos de Apoquindo. La discusión no consiste únicamente en determinar cuánto llovió, sino también en revisar cómo las decisiones de ocupación del territorio pueden influir en los daños.
“No es solamente fiscalización, sino conciencia”
Para Lipthay, el problema no se resuelve exclusivamente mediante mayores controles sobre las construcciones.
También es necesario comprender las características de los lugares donde se desarrollan proyectos urbanos. “Hay un asunto no solamente de fiscalización, sino que de conciencia con respecto a eso”, explicó.
La observación apunta a que las cuencas, quebradas y bordes costeros no pueden evaluarse únicamente como superficies disponibles para construir. Son territorios donde existen procesos naturales que deben incorporarse a la planificación.
La presencia de infraestructura o viviendas no elimina esos procesos, y las obras pueden requerir medidas específicas para reducir los riesgos. En ese contexto, el arquitecto planteó que Chile necesita fortalecer una cultura de prevención que considere las amenazas antes de aprobar nuevas intervenciones.
Los eventos climáticos podrían volverse recurrentes
Otro de los puntos abordados durante la columna fue la frecuencia de los fenómenos extremos.
Lipthay cuestionó que las emergencias continúen siendo tratadas como situaciones excepcionales que pueden ocurrir una vez cada varias décadas. “Hay una falta de conciencia de que estos efectos no son cosas que ocurren una vez cada 20 o 300 años”, afirmó.
El arquitecto sostuvo que las ciudades deben prepararse para enfrentar episodios que podrían repetirse con mayor frecuencia. “Esto va a empezar a ocurrir de forma constante”, advirtió.
Su planteamiento apunta a revisar las condiciones bajo las cuales se diseñan edificios, carreteras, sistemas de evacuación de aguas e infraestructura de protección. Aunque la evolución de cada amenaza depende de las condiciones locales y del tipo de fenómeno, la planificación debe considerar escenarios de riesgo actualizados.
Las normas de construcción necesitan nuevos cálculos
Para Lipthay, una de las tareas pendientes es revisar los criterios utilizados para diseñar obras de mitigación.
Las infraestructuras de protección se construyen considerando estimaciones sobre la magnitud y frecuencia de determinados eventos. Sin embargo, cuando las condiciones climáticas cambian, esos supuestos pueden requerir una nueva evaluación. “Las mitigaciones van a ser en función de unos cálculos que probablemente hay que actualizar”, explicó.
El arquitecto sostuvo que existen herramientas técnicas para enfrentar muchos de estos desafíos, pero su implementación depende de decisiones económicas. “La ingeniería lo puede resolver; el problema es que requiere de inversión”, afirmó.
La advertencia apunta a la necesidad de anticipar recursos para obras preventivas, en lugar de concentrar las inversiones únicamente después de una emergencia.
Hospitales, carreteras y servicios: proteger la ciudad como un sistema
Durante su columna, Lipthay también planteó que las ciudades deben observarse como sistemas interconectados. Una emergencia puede afectar simultáneamente carreteras, hospitales, redes de servicios y otras instalaciones fundamentales para la población.
La interrupción de uno de esos componentes puede generar consecuencias sobre los demás. Por ejemplo, una vía dañada puede dificultar el acceso a un centro asistencial, mientras que una falla en servicios básicos puede afectar el funcionamiento de instalaciones esenciales.
Para el arquitecto, esa interdependencia obliga a superar la división entre infraestructura pública y privada cuando se planifican medidas de protección. “Esta infraestructura no deberíamos mirarla desde la perspectiva de si una cosa es privada y la otra es pública”, sostuvo. “En momentos críticos se integra, funciona como un sistema y lo que tenemos que hacer es proteger esos sistemas”, agregó.
Su propuesta apunta a coordinar inversiones y estrategias de mitigación considerando el funcionamiento conjunto de la ciudad.
El cambio climático también obliga a las personas a desplazarse
Lipthay abordó además una de las consecuencias sociales de los desastres y de los cambios ambientales: el desplazamiento de población.
Durante la entrevista mencionó una estimación de alrededor de 30 millones de movimientos anuales asociados a inundaciones. La cifra permite dimensionar la magnitud del problema, aunque es importante distinguir los desplazamientos provocados por desastres de las migraciones permanentes.
Una persona desplazada puede trasladarse temporalmente dentro de su país y posteriormente regresar a su hogar. El arquitecto también citó proyecciones del Banco Mundial sobre el impacto que podrían tener los cambios climáticos durante las próximas décadas.
El informe Groundswell del organismo estima que, sin medidas suficientes de adaptación y reducción de emisiones, hasta 216 millones de personas podrían convertirse en migrantes climáticos internos para 2050 en las seis regiones estudiadas. La estimación no corresponde a una proyección de migración internacional ni significa que todas esas personas necesariamente abandonarán sus países.
El dato refleja cómo los cambios ambientales pueden afectar las condiciones de vida y empujar a las comunidades a trasladarse hacia otros territorios.
“Lo económico tiene que someterse” a la normativa
Una de las declaraciones más contundentes de Lipthay estuvo relacionada con el papel de las regulaciones urbanas frente a los intereses económicos.
El arquitecto planteó que las decisiones de inversión deben respetar los límites establecidos para proteger a las personas y la infraestructura. “Cuando hay normativa y la normativa es estricta, lo económico tiene que someterse a esa”, afirmó.
La reflexión apunta a que las exigencias de seguridad y prevención no deberían flexibilizarse únicamente para facilitar el desarrollo de proyectos. En territorios expuestos a amenazas, la normativa cumple un papel fundamental para establecer dónde se puede construir y bajo qué condiciones. Para Lipthay, reforzar esas reglas también requiere revisar los instrumentos de planificación y mantener criterios técnicos actualizados.
Planificar antes de reconstruir
Las reflexiones de Antonio Lipthay plantean que la prevención de desastres no puede separarse de las decisiones urbanísticas.
La manera en que se ocupan las cuencas, se intervienen las quebradas y se construyen obras de infraestructura influye directamente en la exposición de las ciudades a fenómenos extremos. A ello se suma la necesidad de actualizar los cálculos utilizados para diseñar medidas de mitigación y coordinar inversiones públicas y privadas.
El arquitecto considera que Chile debe asumir que los riesgos climáticos no son únicamente una preocupación futura. Por eso, su propuesta consiste en fortalecer las normas, mejorar la planificación y proteger los sistemas que permiten mantener funcionando las ciudades.
Porque cuando una emergencia afecta un territorio, las consecuencias no dependen solamente de la fuerza de la naturaleza, sino también de las decisiones que se tomaron mucho antes de que comenzara a llover.
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