La controversia por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores continúa generando cuestionamientos al Ministerio de Justicia del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Entre marzo y septiembre de 2026, la cartera firmó 56 decretos que otorgaron reducciones de penas: 27 correspondientes a condenados por abuso sexual de menores y 29 por violación. Las cifras fueron reveladas por una investigación de Interferencia y abrieron un debate sobre la legalidad de las decisiones, la responsabilidad de las autoridades y la protección de las víctimas.
En ese contexto, Jaime Gajardo, exministro de Justicia y Derechos Humanos y académico de la Universidad Diego Portales, cuestionó duramente la actuación del Ejecutivo durante una entrevista en Concierto Valor, conducido por María Elena Dressel. “Esto ha sido una situación muy grave, muy lamentable para el país, para las víctimas”, sostuvo.
Jaime Gajardo
El exsecretario de Estado aseguró que los gobiernos anteriores mantenían un criterio restrictivo frente a estas solicitudes y que la actual administración decidió modificarlo.
¿Por qué se otorgaron las rebajas de condenas?
Uno de los principales puntos de la controversia está relacionado con la legislación vigente desde 2022. Ese año entró en vigor una modificación legal que excluyó de determinados beneficios de reducción de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Sin embargo, existe una discusión jurídica sobre la aplicación de esa restricción a delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de la reforma.
El Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, ha sostenido que la jurisprudencia de la Corte Suprema impedía aplicar retroactivamente la exclusión a esos casos. Según la cartera, los beneficios se concedieron cuando los solicitantes cumplían los requisitos legales correspondientes.
Gajardo, en cambio, cuestionó que el Ejecutivo utilizara esa interpretación para aprobar directamente las solicitudes. “Tanto los ministros de justicia del presidente Piñera como los ministros de justicia del presidente Boric rechazamos esas rebajas”, afirmó.
El exministro explicó que, durante las administraciones anteriores, las solicitudes eran rechazadas y esa decisión se defendía ante los tribunales. Cuando la Corte Suprema ordenaba conceder un beneficio en un caso particular, el ministerio debía cumplir la resolución judicial.
“Eso realmente es inexplicable”: la crítica al cambio de criterio
Para Gajardo, uno de los aspectos más cuestionables es el momento en que el Ministerio de Justicia decidió modificar su actuación.
El académico sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Suprema estaba evolucionando hacia una interpretación más restrictiva de los beneficios. “Justo cuando estaba cambiando la jurisprudencia, el actual ministro de justicia tomó la decisión de acoger los amparos y eso realmente es inexplicable”, señaló.
La discusión requiere distinguir entre los recursos de amparo presentados por personas condenadas y los decretos administrativos dictados por el Ministerio de Justicia. De acuerdo con los antecedentes publicados sobre los 56 casos, las rebajas cuestionadas fueron concedidas administrativamente, sin que existieran órdenes judiciales individuales que obligaran a otorgarlas. Esta diferencia constituye uno de los puntos centrales del cuestionamiento formulado por el exministro.
“Es un error jurídico, ético y político”
Gajardo también cuestionó las responsabilidades que deberían asumirse por las decisiones adoptadas.
A su juicio, la controversia no se limita a una diferencia de interpretación jurídica, sino que también tiene consecuencias éticas y políticas. “Este es un error jurídico, es un error ético, es un error político y si es así de grave, alguien tiene que asumir las responsabilidades de eso”, afirmó.
La crítica se produce después de que el Presidente José Antonio Kast abordara públicamente la situación. Durante una cadena nacional, el mandatario reconoció que el Estado les había fallado a las familias afectadas y calificó las rebajas como un error. Sin embargo, decidió mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y encargó revisar las medidas adoptadas.
Durante la entrevista, María Elena Dressel planteó una de las interrogantes que atraviesan la polémica. “¿Es algo amateur o acá uno podría leer alguna otra intencionalidad detrás de esta firma de los decretos?”, preguntó.
Gajardo respondió con una dura evaluación de las decisiones del Ejecutivo, aunque sus declaraciones no constituyen por sí mismas evidencia de una intención deliberada de favorecer a los condenados.
La diferencia entre cumplir una sentencia y conceder un beneficio
Otro de los puntos abordados fue la comparación que el Gobierno realizó entre los decretos actuales y aquellos firmados durante administraciones anteriores.
Gajardo rechazó que se tratara de situaciones equivalentes. “El vocero tiene la obligación de ser veraz, de entregar información completa”, sostuvo.
El exministro explicó que existe una diferencia fundamental entre firmar un decreto para ejecutar una resolución judicial y conceder una rebaja mediante una decisión administrativa. “Los decretos son completamente distintos porque uno se firma por orden de la Corte Suprema y el otro lo firma el ministro de Justicia bajo su responsabilidad y bajo su decisión”, afirmó.
El argumento coincide con la distinción que Gajardo ha planteado públicamente al responder a las explicaciones del Ejecutivo. Según el exsecretario de Estado, durante su gestión las rebajas se rechazaban y solo se concedían cuando existía una sentencia que obligaba al ministerio a hacerlo.
Gajardo exige transparentar los 56 decretos
La falta de información sobre el contenido y los fundamentos de los decretos fue otro de los temas centrales de la entrevista.
Gajardo cuestionó que los antecedentes completos no estuvieran disponibles para el escrutinio público. “Todavía no sabemos si los 56 decretos son el total de decretos”, advirtió.
El académico también criticó las dificultades que, según su relato, han enfrentado los parlamentarios y la ciudadanía para conocer las resoluciones. “No han querido entregar los decretos a los congresistas o a la opinión pública. No han transparentado lo que estos decretos contienen”, sostuvo.
Conocer los fundamentos de cada decisión permitiría establecer qué antecedentes fueron considerados, cómo se aplicó la legislación y cuáles fueron los criterios utilizados. También facilitaría determinar si existen diferencias relevantes entre los casos y qué mecanismos jurídicos podrían utilizarse para revisar las rebajas.
La crítica política más dura al Gobierno
Durante la conversación, Gajardo formuló una acusación especialmente severa sobre el significado político de las decisiones. “Los hechos en la práctica lo que dan cuenta es que este gobierno está de acuerdo con entregarle beneficios a quienes abusaron y violaron a niños y a quienes torturaron y cometieron los delitos más graves durante la dictadura militar”, sostuvo.
La afirmación corresponde a la interpretación política del exministro.
Por su parte, el Ejecutivo ha defendido inicialmente la legalidad de los procedimientos, invocando criterios jurisprudenciales, aunque posteriormente reconoció errores y anunció una revisión de los beneficios.
La controversia también se ha extendido a decretos de rebaja de penas concedidos a personas condenadas por violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
La reforma pendiente para evitar nuevas controversias
Más allá de las responsabilidades políticas, Gajardo planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para resolver este tipo de solicitudes.
Una de las iniciativas mencionadas fue el proyecto de ley destinado a establecer jueces de ejecución de penas y tribunales especializados.
El objetivo de esa propuesta es contar con instancias judiciales específicamente encargadas de supervisar el cumplimiento de las condenas y resolver las controversias que surgen durante su ejecución.
Actualmente, determinadas disputas relacionadas con la privación de libertad pueden llegar a los tribunales mediante recursos de amparo.
Para el exministro, avanzar hacia una institucionalidad especializada permitiría entregar mayor claridad y consistencia a las decisiones.
Una controversia que sigue abierta
Las 56 rebajas de condenas han abierto un debate que combina interpretación legal, protección de las víctimas y responsabilidad política.
Mientras el Gobierno sostiene que sus decisiones respondieron a una interpretación jurídica respaldada por fallos anteriores, Jaime Gajardo cuestiona que el Ministerio de Justicia haya abandonado el criterio restrictivo que mantenían las administraciones previas. El exministro también exige conocer el contenido completo de los decretos y determinar las responsabilidades correspondientes.
La revisión anunciada por el Ejecutivo será uno de los pasos relevantes para establecer los fundamentos de cada beneficio y las posibilidades legales de actuar sobre las decisiones ya adoptadas. Para Gajardo, la gravedad de lo ocurrido exige una respuesta que vaya más allá de las explicaciones administrativas. “Este es un error jurídico, es un error ético, es un error político y si es así de grave, alguien tiene que asumir las responsabilidades de eso”.
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