Más que cambiar la Constitución: las reformas estructurales que proponen para enfrentar al crimen organizado

¿Puede una modificación constitucional producir por sí sola un cambio concreto en las calles? Para el analista político Rodrigo Pérez de Arce, confiar en esa fórmula para enfrentar al crimen organizado corre el riesgo de convertirse en una especie de “pensamiento mágico”.

En su columna de Concierto Valor, Pérez de Arce cuestionó que la discusión sobre seguridad se haya concentrado en reformas constitucionales y facultades extraordinarias, en lugar de poner el mismo énfasis en problemas operativos que atraviesan distintas instituciones.

Su propuesta apunta a una estrategia menos dependiente de una gran solución: mejorar la coordinación de inteligencia, proteger a fiscales, fortalecer el equipamiento de Carabineros y abordar las condiciones de Gendarmería que pueden facilitar la corrupción dentro de las cárceles. En definitiva, construir lo que denominó un “ecosistema de la seguridad”.

¿Seguridad en la Constitución?

Una de las modificaciones cuestionadas por Pérez de Arce apunta a incorporar explícitamente la seguridad dentro del artículo primero de la Constitución.

Para el analista, el cambio puede tener un valor declarativo, pero eso no significa que vaya a producir efectos operativos inmediatos. “Incluir seguridad en el artículo primero de la Constitución [...] es un gesto declarativo, es un gesto simbólico que no tiene mayor eficacia real”, sostuvo.

Pérez de Arce aterrizó su crítica en una consecuencia práctica. “No es que pongamos seguridad en la Constitución y al día siguiente van a haber más carabineros”, señaló. Es precisamente esa expectativa la que calificó como “pensamiento mágico”.

La discusión, desde su perspectiva, debería desplazarse desde qué conceptos aparecen escritos en la Constitución hacia las capacidades concretas con las que cuenta el Estado para prevenir, investigar y perseguir delitos.

Un “ecosistema” contra el crimen organizado

Pérez de Arce sostuvo que enfrentar la delincuencia requiere intervenir simultáneamente diferentes eslabones del sistema.

Entre ellos aparece la interconexión de los organismos de inteligencia, especialmente relevante frente a organizaciones criminales que pueden operar en distintos territorios y utilizar estructuras cada vez más complejas. También mencionó la necesidad de proteger a los fiscales encargados de investigar estas redes y mejorar el equipamiento disponible para Carabineros. A eso agregó la situación dentro de las cárceles.

Las condiciones laborales de Gendarmería, planteó, también forman parte de una política de seguridad, especialmente cuando se busca disminuir los espacios que pueden facilitar fenómenos de corrupción penitenciaria.

Por eso, rechazó la idea de que exista una medida individual capaz de resolver el problema. “Aquí en el fondo no hay balas de plata y es una cadena de decisiones o de instituciones que hay que proteger”, afirmó. La respuesta debería apuntar, agregó, a “armar un ecosistema de la seguridad más que una u otra medida particular”.

La discusión sobre las facultades presidenciales

La crítica se produce en medio del debate por la reforma constitucional impulsada por el Gobierno en materia de seguridad.

La iniciativa ha generado discusión por las facultades que entregaría al Ejecutivo y por el alcance de herramientas intrusivas contempladas para enfrentar situaciones vinculadas a la delincuencia.

Para Pérez de Arce, concentrar el debate en modificaciones constitucionales puede terminar desplazando preguntas más difíciles sobre el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Su argumento no apunta a que una modificación legal o constitucional carezca necesariamente de utilidad, sino a que ninguna reforma aislada reemplaza la capacidad operativa que requiere el Estado para combatir organizaciones criminales.

La reforma al sistema político

La columna también conectó este problema con otra reforma que, a juicio del analista, debería ocupar un lugar prioritario en la agenda: la modificación del sistema político.

Pérez de Arce sostuvo que su relevancia puede ser comparable incluso con grandes iniciativas económicas o de seguridad. “La reforma al sistema político [...] a mí me parece que es casi tanto o más importante que el proyecto de reconstrucción económica o las reformas divididas en materia de seguridad”, planteó.

El problema, según explicó, está en la capacidad del sistema para convertir las demandas ciudadanas en soluciones políticas. “Tenemos un sistema político que no está operando bien como cadena de conexión entre lo que pasa en la ciudadanía y la solución de los problemas”, afirmó.

Esa desconexión puede adquirir especial importancia cuando una de las principales preocupaciones ciudadanas es precisamente la seguridad.

El malestar que los partidos tradicionales no están canalizando

Pérez de Arce vinculó esa discusión con fenómenos que actualmente pueden observarse fuera de Chile.

Desde Birmingham, el analista abordó los resultados electorales de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia y el avance de fuerzas que desafían a los partidos tradicionales en distintos países europeos. También mencionó fenómenos como Marine Le Pen en Francia y Reform UK en Reino Unido.

Para Pérez de Arce, detrás de estos movimientos existe un problema que trasciende las fronteras europeas. “Los partidos tradicionales [...] ya no logran apelar a los votantes, ya no logran hacerle frente al malestar, al descontento”, señaló. A su juicio, esa incapacidad para canalizar el descontento también ayuda a explicar fenómenos políticos ocurridos en América Latina.

El punto conecta con su advertencia sobre Chile: cuando el sistema político pierde capacidad para transformar problemas ciudadanos en respuestas efectivas, las soluciones exclusivamente declarativas pueden profundizar la distancia entre las instituciones y las personas.

En seguridad, Pérez de Arce plantea que la alternativa pasa precisamente por abandonar la búsqueda de una única gran solución. Más que una “bala de plata” constitucional, su propuesta apunta a fortalecer toda la cadena. Estas son la inteligencia, fiscales, policías, cárceles y las instituciones políticas encargadas de convertir las demandas ciudadanas en políticas capaces de producir resultados concretos.