Un grupo criminal que planifica el asesinato de un alcalde para quitar una “piedra en el zapato”, escuchas telefónicas que permiten frustrar el ataque y al menos diez jefes comunales de la Región Metropolitana que actualmente requieren protección policial debido a amenazas.
El escenario muestra una nueva dimensión del avance del crimen organizado: el intento de intimidar o atacar directamente a autoridades que interfieren con sus operaciones territoriales.
Así lo planteó Eduardo Labarca, experto en seguridad y prefecto en retiro de la PDI, quien abordó en su columna de Concierto Valor el frustrado plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White.
Para Labarca, el caso no debe observarse únicamente como una amenaza contra una persona. El objetivo habría sido atacar a quien representa institucionalmente la autoridad dentro de un territorio.
El plan para asesinar a Christopher White
La investigación permitió detectar un supuesto plan de la banda de “El Indio Juan” para asesinar al alcalde de San Bernardo.
Según los antecedentes abordados durante la conversación, escuchas telefónicas realizadas por la PDI permitieron establecer que el ataque debía concretarse antes del 17 de septiembre. El alcalde era considerado por el grupo una “piedra en el zapato” para sus intereses en la comuna.
Labarca puso especial énfasis en lo que significa que una organización criminal llegue a plantearse eliminar físicamente a una autoridad. “Claramente aquí se está atentando contra la autoridad, contra la institucionalidad, netamente”, señaló.
Por ello, sostuvo que el foco no debería limitarse exclusivamente a Christopher White como persona. “Este Indio Juan con su banda buscaban asesinar la investidura y eso no tenemos que perder el foco, la investidura del alcalde”, afirmó.
El objetivo detrás del ataque adquiere especial gravedad ante la posibilidad de que organizaciones criminales intenten avanzar en el control territorial mediante la intimidación o eliminación de autoridades que obstaculicen sus operaciones.
De una fuga a la captura en La Bandera
“El Indio Juan”, señalado como líder del grupo involucrado en el plan, ya tenía un historial que mostraba las capacidades de la organización.
El delincuente había conseguido fugarse de prisión haciéndose pasar por un funcionario de Gendarmería y posteriormente permaneció prófugo fuera del país. Finalmente fue detenido en la población La Bandera después de un trabajo de inteligencia.
Para Labarca, el caso también demuestra la importancia de las labores investigativas capaces de anticipar los movimientos de organizaciones criminales antes de que concreten sus objetivos. Las interceptaciones realizadas durante la investigación fueron precisamente las que permitieron conocer el supuesto plan contra el alcalde.
Diez alcaldes bajo protección policial
El caso de San Bernardo no aparece completamente aislado.
Durante la conversación se abordó que al menos diez alcaldes de la Región Metropolitana cuentan actualmente con resguardo policial debido a amenazas de muerte. Entre las autoridades mencionadas aparecen Javiera Reyes, de Lo Espejo; Gustavo Toro, de San Ramón; Claudio Pizarro; Mario Desbordes y Felipe Muñoz.
La necesidad de entregar protección policial a autoridades municipales muestra cómo las amenazas relacionadas con la delincuencia pueden terminar afectando directamente el funcionamiento institucional en determinados territorios.
Labarca vinculó este escenario con una advertencia realizada anteriormente respecto de la evolución de los grupos criminales nacionales. “Las bandas criollas, las bandas chilenas iban a empezar a nivelarse en el nivel de violencia con las bandas extranjeras”, sostuvo.
El frustrado ataque contra una autoridad comunal sería una señal especialmente preocupante dentro de esa evolución.
El Clan Chen seguirá en La Laguna
La columna también abordó otro episodio relacionado con el control territorial ejercido por organizaciones criminales.
La Corte de Apelaciones de Iquique respaldó la posición de Gendarmería y revocó el regreso de cuatro integrantes del denominado Clan Chen a la cárcel de Alto Hospicio. De esta manera, los internos permanecerán en el penal La Laguna.
Labarca explicó que trasladar a reos de alta peligrosidad fuera de sus recintos originales busca precisamente dificultar que continúen ejerciendo influencia sobre las redes que mantienen en esos territorios. “Siempre va a haber una defensa que va a querer, cierto, volver a estos condenados a esos lugares porque de otra manera tienen ahí el control”, explicó.
En las celdas que ocupaban en Alto Hospicio, recordó, ya se había encontrado droga.
El experto cuestionó además las condiciones que pueden encontrar determinados delincuentes dentro de recintos que no consiguen garantizar un aislamiento efectivo. “Al final de cuentas los delincuentes dicen, verbalizan que cuando están en la cárcel están en la playa”, afirmó.
“Echo de menos a la ANI”
Labarca valoró el trabajo desarrollado por la PDI y el Ministerio Público en investigaciones como la que permitió detectar el supuesto plan contra Christopher White.
Sin embargo, realizó una fuerte crítica al funcionamiento de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
A su juicio, frente a amenazas vinculadas al crimen organizado debería existir una estructura nacional capaz de articular y anticipar estos fenómenos. “Yo echo de menos acá, de verdad, echo de menos a la ANI, a la Agencia Nacional de Inteligencia, que no existe”, cuestionó. Su crítica fue todavía más dura respecto del rol que, a su juicio, actualmente desempeña la institución. “Es un nicho, un nicho de pega para amigos”, afirmó.
El frustrado plan contra el alcalde de San Bernardo pone así sobre la mesa un problema que supera la seguridad individual de una autoridad. Si organizaciones criminales consideran a alcaldes como obstáculos para consolidar su presencia territorial, la amenaza deja de dirigirse solamente contra una persona y comienza a apuntar contra la capacidad del Estado de ejercer autoridad en determinados sectores.
Que al menos diez alcaldes de la Región Metropolitana requieran actualmente protección policial es, bajo esa perspectiva, una señal de hasta dónde puede escalar esa disputa.