Imagine que recibe un millón de pesos, pero antes de decidir qué hacer con él ya tiene $830 mil comprometidos. Solamente le quedan $170 mil para responder a cualquier otra necesidad que aparezca. Esa es la comparación que utiliza Cristóbal Tello para explicar uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el Presupuesto fiscal chileno.
El director del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica abordó en su columna de Concierto Valor la creciente rigidez del gasto público y el reducido espacio disponible para aumentar los recursos.
Según las cifras expuestas por Tello, el 83% de la Ley de Presupuestos corresponde actualmente a gastos permanentes establecidos mediante leyes, mientras la deuda pública se acerca al límite del 45% del PIB y un 5% del gasto anual ya debe destinarse solamente al pago de intereses. El resultado es una estrechez fiscal que termina teniendo consecuencias sobre una de las partidas más fáciles de modificar: la inversión pública.
Un presupuesto con el 83% del gasto comprometido
Una parte importante de los recursos que administra el Estado no puede reasignarse libremente cada año.
Esto ocurre porque existen beneficios, programas y obligaciones cuyo financiamiento está establecido mediante leyes permanentes.
Tello mencionó como ejemplos la Pensión Garantizada Universal (PGU), la gratuidad universitaria y compromisos relacionados con salud. “Hay cada vez más gastos establecidos en leyes que no se pueden sacar, como la PGU, la gratuidad universitaria y salud”.
Según las cifras presentadas por el académico, esos compromisos representan actualmente el 83% de la Ley de Presupuestos.
Para dimensionar qué significa ese porcentaje, recurrió a una comparación doméstica. “Esto equivale a que si uno gana un millón de pesos, le queden 170.000 pesos para el resto”.
El problema no está necesariamente en la existencia de esos beneficios, sino en la rigidez que adquiere el presupuesto cuando cada vez una mayor proporción de los recursos está comprometida antes de comenzar la discusión anual.
“Nos vamos a rascar con las mismas uñas”
La situación adquiere especial relevancia ante las señales de un crecimiento considerablemente menor del gasto.
Según explicó Tello, durante los últimos años este aumentaba en torno a un 3% o 4%.
Para el nuevo Presupuesto, en cambio, la señal sería de aproximadamente 1,5%. “Hay muy poco espacio para aumentar el gasto. Los últimos años ha crecido un 3 o 4%, y el gobierno dio señales de que este crecimiento va a ser de 1,5%”.
El académico resumió el escenario de manera sencilla: “O sea, en simple, nos vamos a rascar con las mismas uñas”.
Eso significa que nuevas necesidades fiscales deben competir por un espacio reducido, mientras una gran cantidad de obligaciones continúa financiándose automáticamente.
El 5% del gasto se destina solamente a intereses
Existe además otro factor que disminuye el margen disponible: el costo de la deuda pública.
El endeudamiento permite financiar necesidades del Estado sin obtener inmediatamente todos esos recursos mediante ingresos fiscales. Pero pedir dinero prestado también genera obligaciones futuras. “Estamos muy cerca del límite de endeudamiento del país”, señaló Tello.
El problema, explicó, no está únicamente en cuánto debe el Estado, sino también en cuánto cuesta mantener esa deuda. “Uno tiene que ir pagando intereses, y este año el 5% de lo que gastó el Estado fue a pago de intereses. No es que sea sin costo”.
Esto implica que una parte del presupuesto anual debe utilizarse simplemente para financiar compromisos adquiridos previamente, antes de destinar recursos a nuevas políticas, servicios o infraestructura.
¿Dónde se recorta cuando gran parte del gasto está comprometido?
La combinación genera una pregunta inevitable.
Si el gasto puede crecer solamente de manera acotada, el endeudamiento tiene límites y el 83% de los recursos ya está comprometido, ¿dónde puede realizar ajustes el Estado?
Para Tello, una de las respuestas aparece en la inversión pública. “¿Qué es lo más fácil? Cortar en la inversión pública: puentes, carreteras, aeropuertos”.
La razón es que resulta considerablemente más sencillo postergar una obra futura que dejar de pagar un beneficio o compromiso establecido mediante una ley permanente. Sin embargo, esa flexibilidad también puede convertir a la infraestructura en una variable recurrente de ajuste.
Del 16% al 6% del gasto
La evolución histórica presentada por Tello muestra la magnitud del cambio. “La inversión pública bajó de un 16% del gasto total en 1996 a solo un 6% proyectado para 2025”.
En otras palabras, la proporción destinada a inversión habría perdido diez puntos porcentuales dentro del gasto total en aproximadamente tres décadas, según las cifras utilizadas en la columna.
Eso incluye precisamente áreas como carreteras, puentes, aeropuertos y otras obras de infraestructura que requieren inversiones significativas y cuyos beneficios suelen observarse en horizontes de varios años.
Cuando existe presión para cuadrar las cuentas fiscales, aplazar esos proyectos puede resultar más sencillo que modificar obligaciones permanentes.
El dilema detrás de los $170 mil
La comparación inicial permite entender por qué el debate no consiste únicamente en determinar cuánto crecerá el gasto público.
Si de cada millón de pesos $830 mil ya tienen un destino previamente establecido, las decisiones presupuestarias se concentran realmente sobre una fracción considerablemente menor.
A eso se suma el costo de financiar la deuda y las nuevas necesidades que aparecen cada año.
El desafío que plantea Tello es, por tanto, de composición del gasto: cómo mantener compromisos permanentes sin reducir progresivamente el espacio destinado a inversiones que también son necesarias para el desarrollo futuro.
Porque cuando llega el momento de ajustar un presupuesto rígido, cancelar una obligación establecida por ley puede resultar extremadamente complejo. Postergar el próximo puente, carretera o aeropuerto, en cambio, puede ser mucho más fácil.