Un periodo de hasta ocho meses antes de requerir la autorización del Congreso y facultades para intervenir comunicaciones forman parte de los elementos que generan cuestionamientos en torno a la reforma constitucional de seguridad.
El abogado constitucionalista Javier Couso, director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales y parte del proceso constitucional en Chile, manifestó su preocupación por el alcance que tendría el nuevo estado de excepción contemplado en la iniciativa.
Durante una entrevista en Concierto Valor, el académico sostuvo que algunas de las herramientas propuestas corresponden a facultades que actualmente están reservadas para circunstancias particularmente excepcionales.
También advirtió que el análisis no debería concentrarse únicamente en el uso que pudiera hacer de ellas el actual Gobierno, sino considerar las atribuciones que quedarían disponibles para futuras administraciones.
Las facultades que preocupan del nuevo estado de excepción
Para Couso, uno de los aspectos más delicados de la reforma está precisamente en el diseño del nuevo estado de excepción constitucional. “Lo grave está para comenzar en el nuevo estado de excepción constitucional”, afirmó.
El abogado apuntó al nivel de las atribuciones que podrían entregarse bajo esta herramienta. “Permite cuestiones que solo en situación de guerra externa se permiten”, advirtió.
Entre las medidas mencionadas durante la entrevista aparece la posibilidad de intervenir comunicaciones y restringir la libertad personal.
El debate adquiere otra dimensión debido al periodo durante el cual podrían mantenerse estas facultades antes de que sea necesaria la intervención del Congreso.
“8 meses pueden pasar”
Couso enfatizó que el plazo contemplado en la propuesta representa uno de los principales elementos que deberían ser considerados durante la discusión. “8 meses pueden pasar antes de que se le tenga que pedir autorización al Congreso”, señaló.
Su preocupación apunta especialmente al eventual uso que futuras administraciones podrían hacer de atribuciones de esta magnitud. “8 meses en que [...] cualquier gobierno futuro podría decidir que bajo el pretexto de combatir al terrorismo y al crimen organizado, espiar periodistas, políticos opositores, parlamentarios, etc.”, agregó.
De esta manera, el constitucionalista planteó que las normas deben evaluarse más allá de las autoridades que podrían utilizarlas actualmente.
El punto central de su cuestionamiento está en las herramientas permanentes que una modificación constitucional dejaría disponibles hacia adelante.
La advertencia por las libertades públicas
A partir de estas atribuciones, Couso realizó una de sus críticas más categóricas a la iniciativa. “Me parece a mí que esto es, en efecto, como iniciativa el más grave atentado a las libertades públicas, si es que se llega a materializar”, sostuvo.
La preocupación expresada por el abogado se concentra así en el equilibrio entre las herramientas entregadas al Estado para combatir el terrorismo y el crimen organizado y las garantías destinadas a proteger los derechos fundamentales.
En particular, cuestionó el nivel de control político que existiría durante los primeros meses de aplicación del nuevo mecanismo.
El debate por la reinserción
La reforma también abrió otra discusión durante la entrevista: las consecuencias de retirar determinados beneficios sociales a personas condenadas por delitos relacionados con terrorismo o crimen organizado. Entre ellos se encuentran derechos asociados a salud, educación y previsión.
Para Couso, una medida de estas características tendría consecuencias directas sobre las posibilidades posteriores de reinserción. “Si a eso se le suma la privación de derechos importantes como salud, educación, previsión [...] lo que cierra la puerta a toda reinserción”, afirmó.
El cuestionamiento apunta a qué ocurre después del cumplimiento de las condenas y qué herramientas existirían para que las personas puedan volver a integrarse a la sociedad.
La discusión sobre la reforma constitucional de seguridad queda así atravesada por dos objetivos que, según el análisis de Couso, deben ser ponderados. Estos, siendo fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar al crimen organizado y el terrorismo sin generar atribuciones que puedan terminar afectando las libertades públicas.
Para el constitucionalista, el problema no está solamente en imaginar cómo se utilizarían esas facultades hoy. Su principal advertencia apunta a qué podría hacer cualquier gobierno futuro con ellas una vez incorporadas al ordenamiento constitucional.