El problema habitacional en Chile ya no puede medirse únicamente contando a las familias que necesitan acceder a una vivienda.
Más de 1,3 millones de hogares requieren actualmente algún tipo de ayuda del Estado para acceder o mantenerse en una situación habitacional adecuada. La cifra equivale aproximadamente al 20% y refleja una dimensión más amplia de la crisis.
Así lo explicó Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, durante una entrevista en Concierto Valor, donde abordó el déficit habitacional y el aumento presupuestario propuesto para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
El especialista también planteó que aumentar la inversión en vivienda puede tener un efecto directo sobre otro de los desafíos del país: la generación de empleo.
Más de 1,3 millones de hogares necesitan ayuda
Bowen explicó que las características del problema habitacional han cambiado, lo que obliga a ampliar la manera en que se mide. “El problema de acceso a la vivienda en Chile ha cambiado”, señaló.
A partir de ese escenario, Déficit Cero elaboró un indicador denominado “demanda social por vivienda”.
Este considera a todos aquellos hogares que requieren alguna forma de apoyo estatal para acceder a una solución o conservar condiciones habitacionales adecuadas. “La cifra a la que nosotros hemos llegado es más de 1.300.000 hogares. Estamos hablando del 20% de la población”, explicó Bowen.
La radiografía incluye distintas realidades. En Chile existen más de 800 mil hogares que arriendan, mientras que parte de ellos destina más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, situación que puede llevarlos bajo la línea de la pobreza.
A esto se suma el denominado déficit cualitativo. Más de 1,2 millones de hogares viven en inmuebles recuperables que presentan problemas de materialidad.
Un aumento presupuestario cercano al 24%
La discusión ocurre en momentos en que se plantea incrementar en un 23,9% el presupuesto del Minvu.
El aumento fue calificado como histórico debido a que durante los últimos diez años no se había registrado un incremento de esa magnitud.
Sin embargo, Bowen planteó que una política habitacional de estas características requiere considerar también sus consecuencias para los próximos años. “Es necesario hoy día en Chile tener un acuerdo entre las principales fuerzas políticas de sostenibilidad fiscal en materia de vivienda, porque lo que haga este gobierno va a implicar el gasto de gobierno futuro”, sostuvo.
El desafío, por lo tanto, no termina en aumentar los recursos disponibles actualmente, sino que también requiere garantizar la continuidad financiera de las políticas habitacionales.
Vivienda y empleo: entre 30 y 40 puestos de trabajo
Bowen puso sobre la mesa otra dimensión de la inversión habitacional: su capacidad para generar empleo.
Según explicó, un estudio realizado junto a economistas de la Universidad de Chile estimó el impacto directo que puede tener este tipo de gasto. “Por cada millón de dólares que se gasta en materia de vivienda directamente (...) produce entre 30 y 40 empleos”, afirmó.
El director ejecutivo de Déficit Cero sostuvo que se trata de una de las áreas productivas con mayor impacto intensivo en capital de trabajo.
Por esa razón, planteó que la política habitacional también puede utilizarse como una herramienta dentro de la discusión laboral. “Lo que hoy día tiene que impulsar el gobierno es como una agenda de empleabilidad, o sea, asociar la empleabilidad a todo el ámbito de vivienda”, explicó.
Así, el aumento de la inversión podría responder simultáneamente a dos desafíos: reducir las necesidades habitacionales y generar nuevos puestos de trabajo.
Un seguro catastrófico para viviendas
La recurrencia de emergencias provocadas por eventos naturales también llevó a Bowen a plantear una nueva alternativa.
El especialista propuso evaluar la creación de un seguro catastrófico para viviendas económicas y subsidiadas.
La idea apunta a contar con un mecanismo previamente establecido para enfrentar los daños provocados por desastres, evitando que la respuesta dependa únicamente de soluciones posteriores a cada emergencia. “¿No sería lógico que tuviéramos una política pública que fuera un seguro catastrófico de viviendas (...) y que nos permita estar mirando con un poquito más de prospectiva en vez de estar reaccionando únicamente a las emergencias?”, planteó.
La propuesta busca incorporar la prevención dentro de una política habitacional que también debe enfrentar los efectos de la crisis climática.
El diagnóstico planteado por Bowen muestra así que la discusión sobre vivienda se extiende mucho más allá de construir nuevas casas. Incluye a quienes destinan una parte importante de sus ingresos al arriendo, a quienes viven en inmuebles que necesitan mejoras y a quienes podrían perder su vivienda producto de una catástrofe.
Bajo el concepto de “demanda social por vivienda”, todas esas realidades llevan el desafío a más de 1,3 millones de hogares en Chile.