Una comparación entre nacimientos e ingresos al sistema de protección especializada permite dimensionar la magnitud que habría alcanzado la crisis de la niñez en Chile.
Durante 2024 nacieron aproximadamente 379 niños al día en el país. En el mismo periodo, 429 menores ingresaron diariamente al sistema de protección especializada de la niñez.
Las cifras fueron expuestas por Claudio Castro, alcalde de Renca, durante una entrevista en Concierto Valor, donde abordó la relación entre vulneración infantil, prevención y delincuencia juvenil.
El jefe comunal planteó que el debate de seguridad suele concentrarse en aumentar las sanciones o disminuir la edad de responsabilidad penal. Sin embargo, sostuvo que existe una etapa anterior que debería recibir mayor atención: las vulneraciones sufridas por los niños que posteriormente terminan involucrados en delitos.
Claudio Castro
“Antes fueron víctimas”
Para Castro, la discusión sobre delincuencia juvenil no puede comenzar únicamente cuando un adolescente comete una infracción.
El alcalde planteó que muchos de esos menores ya habían sido conocidos previamente por las instituciones debido a situaciones de vulneración. “El Estado y la sociedad conoció a esos niños que hoy día son victimarios como niños que antes fueron víctimas”, afirmó.
Su planteamiento apunta a fortalecer la prevención antes de que esas trayectorias terminen vinculadas a la delincuencia.
Castro advirtió que la magnitud del problema convierte la protección de la infancia en un desafío que supera las políticas dirigidas exclusivamente hacia determinados sectores. “Tenemos un punto ciego, porque no hay desarrollo posible si no somos capaces de enfrentar de manera contundente esta crisis que estamos viviendo con la niñez”, sostuvo.
El 60% de los menores imputados no terminó la educación básica
Durante la conversación también se expusieron antecedentes que relacionan las trayectorias de vulnerabilidad con la delincuencia juvenil.
Según los datos presentados, el 60% de los menores imputados por delitos no terminó su educación básica.
El entorno familiar también aparece como un factor relevante. Contar con un hermano mayor involucrado en delitos multiplicaría por 2,5 la probabilidad de que el menor de la familia también termine cometiendo infracciones.
Ambos antecedentes fueron utilizados para reforzar la necesidad de intervenir preventivamente sobre las condiciones que rodean a niños y adolescentes.
La discusión, desde esta perspectiva, no se limita a determinar qué sanción aplicar después de cometido un delito, sino también a identificar las señales que aparecen previamente.
429 ingresos diarios al sistema de protección
Uno de los antecedentes más llamativos entregados por Castro surgió al comparar la situación del sistema de protección con la natalidad.
Durante 2024 se registraron aproximadamente 379 nacimientos diarios en Chile. Al mismo tiempo, unos 429 menores ingresaron cada día al sistema de protección especializada de la niñez.
La comparación fue utilizada por el alcalde para dimensionar la cantidad de niños y adolescentes que requieren algún nivel de intervención del sistema. Para Castro, enfrentar esta realidad también debería formar parte de una estrategia de seguridad que busque resultados sostenibles en el tiempo.
Una “ley muerta” por falta de recursos
Parte de esa responsabilidad preventiva fue entregada a los municipios mediante la Ley de Garantías de la Niñez.
Sin embargo, Castro cuestionó que las nuevas obligaciones no estuvieran acompañadas de recursos y capacidades adicionales para los gobiernos locales. “La Ley de Garantías de la Niñez [...] lo que dice es: ‘Ahora vamos a preocuparnos de la prevención, lo vamos a hacer a través de los municipios’”, explicó.
El problema, según sostuvo, aparece al momento de implementar esa tarea. “No genera ningún recurso ni ninguna capacidad distinta para poder hacer eso [...] y por lo tanto termina siendo una ley muerta”, afirmó.
El alcalde vinculó esta dificultad con las diferencias presupuestarias existentes entre los municipios del país. Según las cifras expuestas durante la entrevista, el gasto público subnacional representa un 16% en Chile, mientras que el promedio entre los países de la OCDE alcanza un 38%.
Una crisis que va más allá de la seguridad
Para Castro, invertir en protección y prevención no beneficia exclusivamente a los menores directamente involucrados.
El impacto alcanza también al desarrollo futuro del país. “Si nosotros no protegemos las trayectorias de niños y niñas, no pierden los pobres y ganan los ricos, pierde todo Chile y eso es un problema para el desarrollo”, sostuvo.
El diagnóstico plantea así una mirada distinta frente al debate sobre delincuencia juvenil.
Mientras la discusión pública puede concentrarse en las penas aplicables una vez cometido un delito, Castro propone mirar lo que ocurre antes: deserción escolar, entornos familiares vinculados al delito, vulneraciones y un sistema preventivo municipal que, según advierte, recibió nuevas responsabilidades sin los recursos necesarios para cumplirlas.
La comparación entre 379 nacimientos y 429 ingresos diarios al sistema de protección aparece, en ese escenario, como una señal de la dimensión que habría alcanzado el problema.
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