Un tribunal del Reino Unido ordenó a Mitch Winehouse, padre de la fallecida cantante Amy Winehouse, pagar cerca de un millón de libras esterlinas (1.338.555 dólares) en costos legales.
La resolución llega tras perder la demanda que interpuso contra Naomi Parry, exestilista de la artista, y Catriona Gourlay, amiga cercana de la intérprete.
Mitch Winehouse, de 75 años, recurrió al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Él argumentó que Parry y Gourlay vendieron prendas de vestir, maquillaje y artículos personales de la cantante sin su autorización.
El demandante afirmó que ambas ocultaron las transacciones y exigió la entrega de 730 mil libras esterlinas (976.707.15 dólares).
Sin embargo, la jueza Sarah Clarke KC desestimó la acción legal. Esto fue tras concluir que el padre de la artista siempre tuvo conocimiento de las subastas realizadas en Estados Unidos durante 2021 y 2023.
El origen de los objetos subastados de Amy Winehouse
Durante el proceso, Naomi Parry declaró que la intérprete regalaba ropa y objetos personales a sus amistades con frecuencia.
De acuerdo con NME, entre los 834 artículos subastados figuró el vestido de seda que Amy usó en su última presentación en Belgrado. Este vestido fue vendido por 180 mil libras esterlinas (240.715 dólares).
La venta general de 2021 generó 1.04 millones de libras esterlinas para el patrimonio de la cantante. Este dinero fue destinado en un 30% a la Amy Winehouse Foundation.
En una resolución posterior sobre los costos del proceso, la jueza ordenó que Mitch Winehouse realice pagos provisionales de 569 mil 330 libras a Parry y 394 mil 521 libras a Gourlay. Además, estos pagos deben realizarse en un plazo de dos semanas.
La magistrada aplicó una base de indemnización para que las demandadas recuperen un porcentaje mayor de sus gastos legales. Asimismo, criticó con dureza la estrategia del demandante.
La jueza Clarke calificó la reclamación de Mitch Winehouse como débil y señaló que el desarrollo del caso derivó en un litigio de gran escala.
Asimismo, la magistrada enfatizó que el demandante intentó ampliar la querella en una etapa avanzada, extendiendo el juicio por tres jornadas adicionales.
Finalmente, el fallo concluyó que las acusaciones infundadas afectaron la reputación, las perspectivas profesionales, la estabilidad financiera y la salud de las dos mujeres. Ellas tenían todo el derecho a defender su nombre en los tribunales.