Entrevistas

El vacío legal que podría dejar sin patrullajes a la seguridad municipal en todo Chile

El Gobierno prepara una ley corta para corregir la Ley de Seguridad Municipal y evitar que los vehículos municipales queden impedidos de patrullar desde el 12 de agosto.

Benjamín Carrasco |

Seguridad Municipal

Seguridad Municipal

Los vehículos de seguridad municipal podrían quedar impedidos de realizar patrullajes en todo Chile a partir del próximo 12 de agosto si antes no se corrige un problema en la nueva legislación que regula sus funciones.

Ese es uno de los efectos que el Gobierno busca evitar mediante una “ley corta” destinada a subsanar deficiencias de la Ley de Seguridad Municipal antes de su entrada en vigencia.

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, abordó el problema en entrevista con Concierto Valor y advirtió que existe una consecuencia concreta si el ajuste legislativo no logra concretarse a tiempo. “Si nosotros no presentamos esta ley corta, nos vemos en la imposibilidad de que ninguno de los vehículos de seguridad municipal pueda salir a patrullar a partir del 12 de agosto en todo el país”, afirmó.

La urgencia abre, al mismo tiempo, una discusión más amplia sobre el papel que deberían cumplir los municipios frente a la delincuencia y hasta dónde deben llegar sus atribuciones.

Gonzalo Guerrero

El rol municipal vuelve al centro del debate

La seguridad municipal ha adquirido relevancia dentro de las estrategias preventivas, pero la conversación planteó una pregunta que sigue abierta: si los municipios deben mantenerse exclusivamente en labores de prevención o si Chile debería avanzar hacia esquemas con mayores niveles de especialización.

Guerrero puso como ejemplo la existencia de distintos cuerpos especializados en otros países. “Hay países donde uno ve policía que está asociada directamente al tránsito, otras policías que están asociadas a la carretera, otra policía de frontera”, explicó.

A su juicio, esa diferenciación puede entregar mejores resultados frente a determinadas funciones. “La especialización, por cierto, tiene una eficacia mayor que un abordaje general”, agregó.

La discusión adquiere especial relevancia mientras el Congreso aborda las normas que regularán el funcionamiento de la seguridad municipal y las herramientas disponibles para enfrentar problemas que ocurren directamente en los territorios.

Entre ellos aparece también la recuperación de espacios públicos.

Guerrero señaló que existen proyectos citados para abordar una preocupación manifestada por alcaldes respecto de los denominados “rucos”. “Hay citado un par de proyectos de ley [...] para efecto de discutir una preocupación. Esta, que es bastante alta de los alcaldes que dice relación con la instalación de rucos e instalaciones semipermanentes en la vía pública”, señaló.

Según explicó, la preocupación apunta a aquellas instalaciones que terminan impidiendo el uso de esos espacios por parte del resto de la ciudadanía.

Cuando las cifras bajan, pero la preocupación permanece

La entrevista también abordó una de las tensiones permanentes de la discusión sobre delincuencia: la distancia que puede existir entre los indicadores oficiales y la percepción de inseguridad de las personas.

Según Guerrero, las cifras muestran disminuciones en delitos como homicidios, violaciones y robos por sorpresa. Sin embargo, episodios particularmente violentos o de alta connotación social pueden modificar rápidamente la percepción ciudadana. “Las cifras nos dicen una cuestión que es indesmentible. Los índices de delincuencia han venido bajando”, sostuvo.

El subsecretario reconoció, no obstante, el impacto que tienen los hechos que escapan de esa tendencia. “Efectivamente estos casos que salen de la norma impactan a toda la comunidad”, afirmó, mencionando en la conversación un reciente homicidio ocurrido en Huechuraba.

Para Guerrero, esa brecha obliga a trabajar simultáneamente en dos dimensiones. “No tan solo [debemos] fortalecer la persecución penal, sino que estamos también preocupándonos de llegar antes de que ocurra el delito”, señaló.

En ese escenario, la discusión sobre las facultades municipales adquiere una importancia inmediata. Antes de debatir cuánto debería ampliarse su participación en seguridad, el Ejecutivo enfrenta una urgencia más concreta. Siendo esta, la de corregir la legislación para evitar que, desde el 12 de agosto, una de las herramientas que actualmente utilizan los municipios para prevenir delitos quede imposibilitada de salir a las calles.

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