El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto que busca ampliar el límite de endeudamiento fiscal en US$ 6.200 millones para 2026.
La medida fue presentada con suma urgencia tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. El objetivo es enfrentar un déficit mayor al previsto y regularizar obligaciones del Estado.
Según el Ejecutivo, la iniciativa responde a proyecciones fiscales más deterioradas de lo estimado en la Ley de Presupuestos. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que existe una brecha relevante entre ingresos esperados y gastos efectivos del Estado.
El debate fiscal se intensificó tras la presentación del Informe de Finanzas Públicas, donde se alertó sobre menores ingresos y mayores presiones de gasto. El Gobierno sostiene que estas cifras obligan a una actualización de las proyecciones macroeconómicas para 2026.
Déficit fiscal y aumento de la deuda pública
Desde el Congreso, el ministro de Hacienda detalló que el déficit proyectado alcanzaría 2,4 puntos del PIB, superior al estimado en la Ley de Presupuestos anterior. La diferencia obligaría a ajustar la estrategia de financiamiento del Estado.
Además, Quiroz indicó que la diferencia entre ingresos y gastos se suma al efecto del tipo de cambio, ya que la autorización de deuda está expresada en dólares. Esto incrementa la necesidad de financiamiento en el corto plazo.
En ese escenario, el Gobierno estima que la necesidad de endeudamiento adicional llega a 4.700 millones de dólares, cifra considerada clave para estabilizar las cuentas fiscales. La autoridad insiste en que el ajuste es inevitable.
El proyecto también busca preservar la credibilidad fiscal en los mercados financieros, según fuentes del Tesoro. Los inversionistas han seguido de cerca la brecha fiscal ante el aumento de las necesidades de endeudamiento y la volatilidad cambiaria.
Pagos pendientes y presión sobre proveedores del Estado
El Ejecutivo también reconoció la existencia de pagos atrasados con proveedores del sector público, lo que incluye a pequeñas y medianas empresas. Parte del nuevo endeudamiento se destinaría a regularizar esas obligaciones pendientes.
Según el ministro, estos compromisos impagos afectan principalmente a Pymes que prestan servicios al Estado. La regularización de estos montos busca evitar impactos mayores en su continuidad operativa.
Asimismo, el Gobierno plantea que se requieren cerca de 1.500 millones de dólares adicionales como capital de trabajo para garantizar el funcionamiento financiero del próximo ejercicio presupuestario. El objetivo es evitar tensiones de caja.
El Gobierno enfatizó que la regularización de pagos es parte de una estrategia más amplia de ordenamiento financiero del Estado. También se busca evitar que las obligaciones acumuladas generen presiones adicionales sobre el gasto futuro.
Desde el Ejecutivo se reconoce que los pagos atrasados han generado incertidumbre entre proveedores del sector público. La prioridad es reducir el rezago y mejorar los flujos de pago en el corto plazo.
La propuesta será revisada en el Congreso con discusión inmediata, lo que acelera su tramitación legislativa. El debate se centrará en el equilibrio entre sostenibilidad fiscal y cumplimiento de compromisos ya adquiridos por el Estado.
El Ejecutivo insiste en que la medida es necesaria para evitar tensiones de liquidez.