La implementación de la Ley de 40 horas continúa generando efectos más allá de la reducción de la jornada laboral. El nuevo escenario está obligando a muchas empresas a revisar cómo gestionan a sus contratistas y terceros, especialmente en sectores donde la subcontratación es parte clave de la operación.
El foco ya no está solamente en cumplir con la normativa. Ahora, el desafío apunta a poder demostrar ese cumplimiento con evidencia verificable.
Según datos de la ENCLA 2023 de la Dirección del Trabajo, un 34,9% de las empresas en Chile subcontrata parte de sus actividades. En grandes compañías, la cifra supera el 54%.
Además, un porcentaje importante externaliza funciones directamente ligadas a su operación principal, trasladando parte relevante del riesgo operativo y laboral hacia terceros.
La brecha entre cumplir y demostrar
El aumento de exigencias regulatorias ha dejado en evidencia una diferencia importante entre lo que las empresas declaran y lo que realmente pueden respaldar documentalmente.
Estudios de Deloitte y ESE Business School muestran que el 87% de las compañías asegura realizar procesos de due diligence sobre terceros. Sin embargo, solo un 17% cuenta con indicadores de cumplimiento completamente definidos.
La cifra baja aún más cuando se trata específicamente de proveedores y contratistas.
“Hoy no basta con tener documentos en regla. El verdadero desafío es contar con evidencia que permita sostener que una operación está protegida en el tiempo”, explicó Karina González, directora de Validate.
El impacto operativo de la Ley de 40 horas
La reducción gradual de la jornada laboral también está modificando la estructura de costos para empresas y contratistas.
Luego del paso de 45 a 44 horas en 2024 y la nueva reducción a 42 horas desde mayo, el valor de la hora trabajada aumentó automáticamente.
Según el análisis entregado por Validate, el salto entre 44 y 42 horas implica un incremento cercano al 4,8% en el valor hora, mientras que comparado con el esquema original de 45 horas el aumento llega a un 7,1%.
En industrias intensivas en mano de obra, como minería, logística, construcción y servicios, este escenario presiona directamente la operación y obliga a revisar contratos, coberturas y modelos de control.
“El impacto de la Ley de 40 horas no es solo laboral, también es operacional y económico”, agregó González.
Del control documental a la trazabilidad
Frente a este escenario, distintas compañías comenzaron a migrar desde sistemas tradicionales de revisión documental hacia modelos que integran auditoría laboral, legal y de salud ocupacional.
La idea es avanzar hacia esquemas con trazabilidad más robusta y validación permanente del cumplimiento de terceros.
Durante 2024, la Dirección del Trabajo emitió más de 2,4 millones de certificados a contratistas y registró más de 183 mil materias denunciadas, cifras que reflejan la magnitud del sistema de control laboral que hoy enfrentan las empresas.
Un cambio estructural en la subcontratación
Más allá de la regulación, especialistas coinciden en que el escenario actual está empujando una transformación estructural en la forma en que las compañías administran sus redes de contratistas.
El cumplimiento dejó de verse únicamente como una obligación administrativa y comenzó a instalarse como un factor estratégico para proteger operaciones, reducir riesgos y sostener la continuidad del negocio.
Porque hoy, en muchos casos, el verdadero problema ya no es incumplir. Es no poder demostrar que efectivamente se cumplió.