La discusión sobre la eficiencia del gasto público ha escalado en intensidad durante las últimas semanas.
Mientras el debate técnico se concentra en cifras, reasignaciones y metas fiscales, emerge con fuerza una dimensión más incómoda, el impacto directo en las familias más vulnerables. La alarma ya no es solo económica, sino también ética.
En ese contexto, en el programa Concierto Valor, la ex subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro, puso el acento en la crudeza de los ajustes.
El malestar se explica, en parte, por la brecha entre las promesas de campaña y la ejecución presupuestaria actual. Se proyecta que los recortes a nivel estatal alcancen los 6.000 millones de dólares.
Sin embargo, es en el Ministerio de Desarrollo Social donde la “tijera” parece haber impactado con mayor fuerza en áreas especialmente sensibles, como la infancia y la identidad de género.
Un recorte con carga ideológica
Uno de los focos más controvertidos ha sido la eliminación del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG). Una iniciativa que brindaba apoyo a niños, niñas y adolescentes en procesos de transición junto a sus familias.
Para Pizarro, esta decisión trasciende lo meramente presupuestario: “El programa de acompañamiento a la identidad de género, que sin duda hay un tema ideológico detrás, lo eliminan”.
La ex autoridad advierte que, aunque el número de beneficiarios directos no sea masivo, el impacto de su desaparición es profundo. A su juicio, este tipo de medidas reflejan “una falta de humanidad que no me había tocado ver” en la historia reciente de las políticas sociales en Chile.
La fragilidad del sistema de protección
Los ajustes también han alcanzado al Servicio de Protección Especializada, sucesor del Sename.
En un escenario donde la infraestructura para acoger a menores vulnerados ya es insuficiente, se denunciaron recortes destinados a la habilitación de nuevas residencias.
Para Pizarro, resulta incomprensible debilitar un sistema que atiende a niños que han sido abusados o gravemente vulnerados en sus derechos.
Desde una lectura política, la priorización de estos recortes tiene una explicación incómoda.
Al ser consultada sobre por qué la infancia suele ser un área susceptible de ajustes, la ex subsecretaria fue categórica. “Los niños no votan, entonces es refácil disminuirle los recursos a esa subsecretaría”.
Una afirmación que expone una falla estructural: la presión fiscal recae con mayor facilidad en quienes no tienen representación electoral.
El problema de cómo se comunica el ajuste
El debate no solo se instala en el fondo de las decisiones, sino también en su forma. Aunque el gobierno ha matizado versiones iniciales sobre recortes en alimentación de Junaeb, la incertidumbre generada provocó una “tremenda desazón” en los sectores más vulnerables.
En ese escenario, la diferencia entre “eficientar” y “eliminar” se vuelve difusa en la percepción pública.
Frente a las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ha señalado que no está en su cargo para ser “simpático”, desde el panel de Concierto Valor se planteó la necesidad de un liderazgo más empático.
No se trata de eludir la disciplina fiscal, sino de comprender que detrás de cada glosa presupuestaria hay estructuras de apoyo de las que dependen la vida cotidiana y el bienestar de miles de personas.