Un estudio encargado por el Consejo Consultivo Previsional proyecta que el sistema previsional chileno enfrentará un cambio estructural en las próximas décadas. Esto será impulsado por la evolución demográfica de la población extranjera en el país y el cumplimiento de los requisitos para acceder a beneficios como la Pensión Garantizada Universal (PGU).
El informe, elaborado por la consultora Qualimet bajo el título "Análisis de la migración en Chile: caracterización y desafíos para el Pilar Solidario", muestra que el gasto fiscal asociado a la PGU para migrantes podría pasar de US$ 60 millones en 2025 a más de US$ 1.600 millones en 2050. Esto representaría un crecimiento exponencial en el uso de este beneficio.
El punto de inflexión y aumento de beneficiarios
La investigación indica que la fuerte alza proyectada se debe a la "maduración" de las olas migratorias ocurridas en la última década.
El número de beneficiarios extranjeros, que en 2022 alcanzaba cerca de 13.464 personas, llegaría a más de 511.000 a mediados de siglo. Así, se multiplicaría por 35 la cifra actual.
El estudio identifica que la curva de crecimiento se acentuará a partir de 2036. En ese año, amplias cohortes de migrantes que llegaron entre 2017 y 2024 cumplirán simultáneamente dos requisitos clave de la normativa de la PGU. Primero, tener 65 años de edad y, además, acreditar al menos 20 años de residencia legal en Chile.
Este doble umbral explica por qué la demanda del beneficio aumentará de forma tan pronunciada en la década de 2040.
El gasto estimado, que hoy representa un 0,0184 % del PIB, podría situarse entre 0,35 % y 0,39 % del Producto Interno Bruto en 2050. Esto subraya la necesidad de planificación fiscal y previsional de largo plazo, según el documento.
Predominio de migrantes venezolanos y brecha de género
El análisis recogido por La Tercera proyecta que la comunidad venezolana liderará ampliamente el crecimiento de la demanda de beneficios previsionales hacia 2050. Esto ocurrirá debido al volumen y antigüedad de sus olas migratorias.
En contraste, poblaciones migrantes de países como Perú y Colombia presentarían aumentos más graduales. Mientras tanto, la participación de personas provenientes de Haití crecería más tarde por la juventud predominante en ese grupo.
El estudio también señala una brecha de género en la demanda de la PGU.
Las mujeres, que en promedio tienen mayor esperanza de vida y suelen recibir pensiones autofinanciadas más bajas, concentrarán una parte importante del gasto. Esta situación las hace más dependientes de beneficios estatales, lo que influirá en la configuración del gasto a futuro.
Aunque la población migrante en Chile se ha duplicado entre 2017 y 2024, alcanzando alrededor de 1,6 millones de personas, el impacto inmediato en el Pilar Solidario sigue siendo limitado. Esto sucede porque la mayor parte de ese grupo está en edad laboral activa y no cumple aún con los requisitos para acceder a pensiones.