La Contraloría General de la República publicó un nuevo dictamen que indica que la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo (Democracia Cristiana) recibió de manera inadecuada honorarios de parte de la Municipalidad de Curicó entre los años 2018 y 2021. La entonces CORE habría prestado servicios que no están propiamente respaldados.
En ese entonces, la Municipalidad estaba en manos de Javier Muñoz, quien también es DC. Durante la época, Bravo era miembro del CORE y también mientras se estaba en campaña para la gobernación de la región.
Cargos contra Cristina Bravo
Bravo debía emitir boleta de honorarios, un informe sobre los trabajos realizados, que debían estar visados por el administrador municipal, después de cada servicio. Sin embargo, esto no ocurrió así. “Durante el año 2018, se pagaron a la señora Bravo Castro los honorarios pactados en los distintos convenios celebrados durante la misma anualidad, sin que conste, en los mencionados antecedentes acompañados, la efectiva prestación de los servicios contratados”, dice el documento oficial según Radio ADN.
“En febrero y marzo de 2018, las bitácoras comprenden los primeros 14 días de cada mes, en tanto que, desde abril a noviembre del mismo año, únicamente se aprecia un certificado del administrador municipal que da cuenta 'que los servicios o productos fueron recepcionados de manera conforme y entera satisfacción'". Por supuesto, el documento que resulta insuficiente para tal fin, establece Contraloría.
El problema persiste en 2019 y 2020. En 2019 hay meses que no cuentan con una bitácora de los servicios prestados y tan solo se encuentra el visado del administrador municipal. Mientras que otros pagos ni siquiera cuentan con aquella aprobación. En 2020 se repite un patrón similar.
De esa manera, Contraloría señaló: “No se ha acreditado la completa y efectiva prestación de los servicios contratados y pagados en cada una de las mensualidades antes señaladas".
"Corresponde que la Municipalidad de Curicó revise tal situación y, en su caso, efectúe el cálculo de los montos pagados de manera improcedente y disponga el reintegro de los mismos por parte de la nombrada servidora”, dispone. Además, especifica que las “medidas adoptadas dentro de un plazo que no exceda del 31 de marzo de 2023”.
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