Esta semana comenzó el despliegue militar en zonas fronterizas del norte del país en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica. Para hablar de la entrada en vigencia de la medida, en Mañana será otro día conversamos con el alcalde de Colchane, Javier García, que nos dio su visión desde el sector.
Despliegue militar en la zona fronteriza
El alcalde resaltó que la presencia militar no es nueva en la zona, sin embargo, antes se encontraban bajo el Estado de Excepción, algo que tenía a los habitantes "con mucha decepción esa figura constitucional, debido a que el ejercito no tenía las facultades siquiera de revisar el equipaje de las personas que ingresaba por pasos no habitados".
"Hoy día esta nueva herramienta legal nos da una esperanza, porque sabemos que va a contribuir, al menos, para que el ejercito pueda controlar el equipaje de las personas, realizar control de identidad y por supuesto detener", destacó. Sin embargo, señaló que no todo es bueno, ya que esta medida por sí sola "no va a ser efectiva. Necesitamos, por ejemplo, que vaya acompañada de tecnología, porque hoy día el ingreso irregular se ha desplazado a sectores más alejados del complejo fronterizo".
"Es importante dar señales mucho más potentes (...) una de ellas es iniciar expulsiones administrativas y para ello se requiere voluntad política del gobierno y, por supuesto, mejorar la ley sobre todo en el procedimiento de notificación para llevar a cabo esta expulsión", opinó.
La autoridad comunal también resaltó la importancia de mejorar condiciones materiales ya existentes, como el complejo fronterizo de Colchane: "esa infraestructura hoy en día está colapsada".
Problemas en la legislación
"Si no trabajamos en las expulsiones administrativas, no trabajamos en las reconducciones, lamentablemente esta situación se va a descontrolar y se va a expandir al resto del país", explicó el alcalde, destacando la necesidad de trabajar en la legislación que rige actualmente en temas migratorios.
Respecto a la situación actual, en la que Bolivia no está aceptando la entrada de migrantes irregulares que vienen desde el país vecino si estos no son bolivianos, Díaz señaló que esto depende de la autoridad boliviana y de cooperación entre los estados. Si bien no existen relaciones diplomáticas, "ahí están las relaciones de amistad, porque nosotros tenemos de alguna forma relaciones comerciales con Bolivia, tenemos ciertas colaboraciones en materia judicial y por supuesto ahí faltan conversaciones del gobierno con su par boliviano".
Indicó que se viene escuchando sobre diálogos desde hace dos años, sin embargo, "no conocemos son cuáles son los avances que el gobierno dice tener respecto del diálogo que sostiene con su par boliviano en materia de reconducción".
"Si no se avanza en la reducción en las expulsiones administrativas, de nada va a servir cualquier medida que sea implementada en la frontera, porque lamentablemente el control en una frontera de 130 kilómetros con Bolivia va a ser prácticamente imposible", sumó a lo anterior.
Posibles soluciones
En cuanto a lo que se puede hacer para mejorar la situación, el alcalde opinó que medidas como la zanja construida en el último gobierno de Michelle Bachelet "sirvió bastante para controlar aquellos vehículos que cruzaban sin ninguna dificultad con contrabando".
"Lo que hoy se requiere es extender kilómetros al norte, que va a contribuir para que el ejercito pueda controlar, y por supuesto la mantención de la zanja", que dificultaría el paso a quienes cruzan la frontera caminando, aseguró.
Esto se suma a las demandas por mayor equipamiento, mejor infraestructura y más tecnología, como equipo biométrico, para optimizar las condiciones de carabineros y militares que trabajan en la frontera.