Polémica ha causado la decisión del Gobierno de continuar con las deportaciones de migrantes. El proceso ha sido criticado por diversas organizaciones de derechos humanos.
En Mañana será otro día conversamos con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, acerca de la crisis migratoria en nuestro país y de los presos del estallido social.
Para partir la conversación, Vivanco comentó que "la legislación internacional le pide a Chile que escuche a los migrantes que van a ser deportados".
En esta misma línea, el director de Human Rights Watch destacó que "el Gobierno no tiene argumentos para justificar deportaciones que ya se realizaron. La autoridad tiene que decir que se están cometiendo errores y crear reformas”.
"Creemos que los procesos de exportación sumaria no escuchan a las personas. Nuestros informes están basados en fallos de la justicia chilena que lamentablemente, llegan tarde", añadió José Miguel Vivanco.
Además, el director HRW se refirió a las polémicas declaraciones con las que el Gobierno ha defendido este proceso. Sobre estas comentó que "No podemos asimilar la situación de un migrante con y sin documentos. Son muy desafortunadas las declaraciones de Álvaro Belollio. Fomenta la xenofobia y confunde a la ciudadanía”.
Presos del estallido
Por otro lado, José Miguel Vivanco se refirió al proyecto de ley que buscar indultar a los denominados presos políticos del estallido social.
Sobre este tema, el director comentó que "nos parece un error seguir avanzando en una ley genérica de indulto. Uno no puede cometer delitos solo porque se justifican en causas nobles".
"Si hay casos donde se han manipulado las evidencias, que puede ocurrir, eso debe ser sometido a una revisión individual. No todas las autoridades son corruptas", agregó.
"Muchos presos están sometidos a un uso excesivo de la prisión preventiva. Si se examina esa situación hay muchos que podrían seguir sus procesos fuera de prisión", finalizó José Miguel Vivanco, director de División de las Américas de Human Rights Watch.