En redes sociales se dio a conocer una denuncia en contra del diputado humanista Florcita Alarcón (más conocido como Florcita Motuda) por abuso sexual y violación.
En este contexto, él decidió renunciar a la presidencia de la comisión de cultura de la cámara baja y congeló su militancia en el PH. En una misiva, el parlamentario comentó que “mi energía se encontrará destinada a demostrar judicialmente mi inocencia tras una grave acusación en mi contra”.
Al respecto, la abogada constitucionalista e integrante de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Bárbara Sepúlveda, indicó que “es del todo relevante que se haga las denuncias formales y que el diputado pueda responder ante la justicia por estas acusaciones”.
Añadió que “es tremendamente relevante que esto se investigue porque él tiene carácter de autoridad pública”, y se espera “una conducta moral, intachable de nuestras autoridades”.
Funas en redes sociales
Cabe consignar que las acusaciones contra el diputado Alarcón se dieron a conocer en una cadena en Twitter, específicamente desde la cuenta @NaChAlAnD, donde se admite una “funa” contra el también artista.
En este escenario, cabe recordar que la corte suprema fijó un criterio en que admite que la libertad de expresión es un derecho que tiene límites. Básicamente, si acusaciones de este tipo vulneran el derecho a la honra, se deberá eliminar el contenido en redes sociales.
No obstante, Bárbara Sepúlveda, separó aguas.
Por una parte, están las denuncias de mujeres sobre agresiones o abusos que han sufrido, y que funcionan como una "catarsis a través de las redes sociales".
Pero esta línea comienza a hacerse algo difusa debido a falencias en el sistema de justicia, el que “ha fallado tanto, que la gente se siente con el derecho de juzgar" y sancionar a otros en plataformas.
Aquí aparecen los otros casos, donde se da a conocer datos personales o se amedrenta con diversos fines. A juicio de la profesional, es "completamente inaceptable que alguien utilice cualquier forma de comunicación para amenazar a otro".
Sepúlveda apuntó que "hay un vacío en la legislación. No existen normas" para sancionar a quienes "agreden a otras por redes sociales" y que "ocultan su identidad a través de identidades falsas".