Por Ramón Pozo
La semana pasada, la cámara de diputados aprobó una acusación constitucional contra la jueza de la corte de apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, iniciativa que seguirá su tramitación en el senado.
Ella presidió la comisión que le dio libertad condicional a Hugo Bustamante, el principal sospechoso del asesinato de Ámbar Cornejo en Villa Alemana.
Leonardo Moreno, abogado y director del departamento de derecho procesal penal de la universidad Alberto Hurtado, analizó el caso. Comenzó con las declaraciones de la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien calificó la acusación como un “grave atentado a la independencia judicial”.
"Reacciones corporativas en general no son buenas", sostuvo el académico. A su juicio, el máximo tribunal “está reclamando sobre la posibilidad de la aplicación de una norma que está en la constitución”.
Ahora, ¿hay populismo en este asunto? Moreno respondió que “una vez más, pareciera que es la forma habitual que tenemos de reaccionar en Chile: la situación de casos puntuales lleva a la descalificación completa de determinados procesos”.
“Eso sí me parece una exageración”, acotó.
Volviendo a Donoso, indicó que "es una presidenta" de una comisión, quien trabajó con "4 jueces más". Por tanto, la libertad condicional a Bustamante "no es una decisión que toma arbitrariamente una persona. Es una decisión a lo menos colectiva”.
“La magistrada Donoso lo que hizo fue cumplir el procedimiento tal como hoy está reglado”. Quizá “no sea lo mejor, pero así está reglado”, subrayó. Y pese a los cuestionamientos, los números en general muestran que la "tasa de reincidencia de quienes se someten" a régimen alternativo del cumplimiento de condena como la libertad condicional "es de un 23%", pero la de alguien "que cumple toda su condena, es cercana a un 60%".
¿Y los informes de gendarmería?
Uno de los cuestionamientos centrales hacia la jueza Donoso es la ponderación que hizo sobre los informes de gendarmería. De hecho, las relatoras Paz Cataldo y Paulina Martínez explicaron en el congreso que la comisión que ella lideraba no pidió antecedentes del libro de vida de los casi 300 condenados que solicitaron libertad condicional en 2016, entre ellos, Hugo Bustamante.
No obstante, Moreno sostuvo que “en general, y esto ha sido así históricamente, los informes de gendarmería no son vinculantes”, aunque su contenido "tiene que ser de relevancia para la comisión".
El abogado aludió a su experiencia profesional. Afirmó que los informes de reos "muchos eran todos muy similares y, en general, gendarmería nunca recomendaba a personas para los beneficios" como libertad condicional. En este escenario, los textos “terminaban sin ser considerados", esto "en todas las comisiones”.
¿Pero se sigue funcionando así? “Forma en que trabajan las comisiones sigue siendo más menos la misma”, contestó el profesional. Por tanto, la recomendación es que “probablemente hay que intervenir más el procedimiento de trabajo de estas comisiones y, fundamentalmente, el trabajo de seguimiento de las personas que son puestas en libertad”.