En un estudio de la ONG, quedamos en el último lugar en cuanto a penas por este delito, donde los castigos parten en 61 días y llegan a 3 años en situaciones más graves, expuso el coordinador legislativo de la fundación. Ello “nos deja súper bajo en comparación a otros países, algunos más desarrollados pero también a otros de la región como Perú o Brasil”, indicó.
Adicionalmente, en la actualidad “es muy difícil de comprobar” el cohecho, y hace que “fiscalía tenga que llegar a estos acuerdos” como en el caso Penta, donde se excluyó estos cargos a Carlos Lavín, Carlos Délano y al exsubsecretario de minería Pablo Wagner.
Respecto de las reformas impulsadas por el gobierno en esta materia, apuntó que “los mínimos no están subiendo tanto con la propuesta que ha hecho el ejecutivo”, por tanto, “las posibilidades de una sanción efectiva de cárcel sigue siendo improbable”.
Del Favero insistió en que “penas más altas ponen mejores condiciones a la fiscalía y a la justicia para hacer un trabajo sancionatorio y de investigación”.