Es obligación que el “Estado preste protección contra atentados a vida y propiedad”, dijo el investigador de la UDP, con un “sistema de policía y judicial” que respeten los derechos fundamentales.
El académico entregó detalles del Informe Anual de Derechos Humanos de la casa de estudios. Afirmó que el sistema de aguas en Chile “es el más privatizado de la Tierra”, donde “multas son muy bajas como para asegurar que las empresas (distribuidoras) cumplan sus servicios”.
Sobre ley antiterrosista expuso que “no está consistente con estándares de debido proceso, lo que ha sido aclarado por la Corte Interamericana”. Y criticó que como país “no hemos tomado decisión política de entrar a proceso de diálogo (…) con pueblos indígenas”.
También se aborda el uso de cámaras de seguridad por parte de algunos municipios en lugares públicos. “Hoy día no tenemos una regulación por manejo de la información por el uso de las cámaras”, dijo el investigador. Hay “un vacío regulatorio”, concluyó Vial.