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Advirtió que algo estaba mal, pero le dijeron que era normal: terminó con una amputación

Negligencia Médica Terminó En Amputación
Getty Images

Un hombre perdió su brazo dominante luego de una grave infección asociada a una fractura.

La justicia determinó que existieron deficiencias en su atención médica.

El afectado había advertido al personal médico sobre el deterioro de su brazo.

Incluso, señaló que presentaba un fuerte mal olor durante uno de sus controles.

Las advertencias que no fueron consideradas

Además, el paciente grabó uno de sus controles médicos. Ese registro permitió establecer que las señales de deterioro no aparecieron solamente al final del proceso.

Según lo establecido en la sentencia, durante su recuperación se produjo la expulsión de un perno y material óseo. Sin embargo, esa situación fue presentada al paciente como parte de una evolución normal.

Asimismo, el cuadro continuó agravándose durante los meses siguientes. La infección alcanzó una gravedad que obligó a realizar una amputación para proteger la vida del hombre.

La indemnización por la pérdida del brazo

Por otra parte, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó el fallo del Segundo Juzgado Civil de Rancagua, según consignó T13.

En ese contexto, el tribunal aumentó a $60 millones la indemnización correspondiente al daño moral sufrido por el paciente.

Para determinar esa cifra, la justicia consideró la pérdida irreversible de su brazo dominante. También tomó en cuenta su edad, autonomía, actividades cotidianas y consecuencias psicológicas.

Impacto laboral y responsabilidad del servicio

Además, el tribunal consideró las consecuencias laborales derivadas de la amputación. El hombre se desempeñaba en labores agrícolas, actividad que se vio directamente afectada por la pérdida de su brazo dominante.

A su vez, la sentencia valoró las circunstancias en que se produjo el deterioro de su salud. Las advertencias realizadas durante los controles tuvieron especial relevancia en la decisión.

El tribunal también descartó los argumentos del Servicio de Salud sobre una eventual responsabilidad del paciente por su conducta o adherencia al tratamiento. La justicia atribuyó responsabilidad al servicio por la atención otorgada.


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