Tener un trabajo estable, recibir un sueldo todos los meses y contar con estudios universitarios no garantiza estar libre de problemas financieros. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio sobre insolvencia de personas en Chile, que analizó 1.404 renegociaciones y más de 500 liquidaciones tramitadas entre octubre de 2024 y septiembre de 2026.
El trabajo, elaborado por el abogado especializado en deudas e insolvencia Ricardo Puelma, identifica una alta presencia de trabajadores dependientes entre quienes recurren a estos procedimientos. De hecho, el 84% de los casos analizados acredita sus ingresos mediante liquidaciones de sueldo, mientras que un 12% lo hace a través de boletas de honorarios.
Los resultados apuntan a una realidad que no siempre se asocia con el sobreendeudamiento: personas que mantienen ingresos regulares, pero cuyas obligaciones financieras terminan superando su capacidad de pago. “No es gente que dejó de trabajar; es gente que trabaja todos los meses para pagar deudas que crecieron más rápido que su sueldo. El denominador común no es la informalidad, es la ausencia de ahorro, y el error que lo agrava es siempre el mismo: financiar deuda vieja con deuda nueva”, explica Puelma.
Ingenieros, profesores y profesionales de la salud entre los casos de insolvencia
Uno de los aspectos que destaca el estudio es la formación académica de las personas que ingresan a procedimientos concursales.
Entre quienes declaran una profesión, el 70% de los casos de renegociación y el 62% de los de liquidación corresponden a profesionales universitarios. La ingeniería representa el 28% de los casos dentro de la clasificación profesional presentada, seguida por áreas como pedagogía, medicina y enfermería.
En cuanto a los ingresos, el estudio identifica una cifra típica cercana a los $2,5 millones mensuales. Además, el 59% de las personas analizadas recibe entre $1,5 millones y $5 millones. La edad mediana alcanza los 39 años entre quienes renegocian sus deudas y los 37 años en los procedimientos de liquidación.
Para Puelma, estos antecedentes muestran que el problema no se limita a la falta de empleo. “La mayoría de quienes alguna vez boletearon son dependientes con trabajo estable que emiten boletas por asesorías, turnos o clases adicionales. Ninguno llega a fin de mes con capacidad de ahorro, y ese es el verdadero factor de riesgo”, sostiene.
¿Cuánto deben las personas que buscan renegociar en Chile?
Las cifras del estudio muestran la magnitud de las obligaciones financieras de quienes llegan a estos procedimientos. La deuda mediana en renegociación alcanza los $58,8 millones.
Sin embargo, el monto cambia considerablemente según la situación patrimonial de cada persona. Entre quienes no poseen inmuebles, la mediana es de $29,2 millones. En cambio, para quienes tienen propiedades llega a $107,6 millones, incluyendo los saldos de créditos hipotecarios. En los procedimientos de liquidación, la deuda mediana corresponde a $50 millones.
El abogado explica que el acceso a distintos productos financieros puede facilitar la acumulación de obligaciones. “El crédito de consumo en Chile no exige patrimonio, exige renta. Una persona con $2 millones de sueldo formal accede fácilmente a dos o tres créditos bancarios, tarjetas y un automotriz por medio de una financiera. Cada uno por separado parece manejable; sumados son una carga que ningún sueldo de clase media soporta cuando se le suma un imprevisto o una repactación”, señala.
Las tarjetas de crédito y las cajas de compensación
El análisis también identifica cuáles son los productos financieros que aparecen con mayor frecuencia en los problemas de pago.
Según los antecedentes recopilados, las tarjetas de crédito son el primer producto que deja de pagarse en el 62% de los casos, seguidas por los créditos de consumo, con un 38%. Las fintech, billeteras digitales y modalidades de compra ahora y pago posterior representan menos del 2% dentro de la muestra estudiada.
Otro dato relevante está relacionado con las cajas de compensación. El 41% de las personas analizadas mantiene al menos un crédito con estas entidades, mientras que aproximadamente una de cada seis registra dos o más. Para Puelma, este tipo de financiamiento puede convertirse en una salida inmediata frente a una emergencia, aunque también puede aumentar las obligaciones mensuales.
La repactación que puede multiplicar una deuda
Uno de los riesgos identificados por el abogado es recurrir a nuevas condiciones de pago sin evaluar cuánto terminará costando la deuda.
Entre los patrones recurrentes menciona la repactación de cuotas que ya no pueden pagarse, la consolidación de tarjetas que posteriormente vuelven a utilizarse y la contratación de créditos para cubrir otras obligaciones. Como ejemplo, relata el caso de un empleado público que debía $4 millones en una tarjeta de una casa comercial.
La alternativa ofrecida consistía en pagar 72 cuotas de $170 mil. Aunque la mensualidad podía resultar más accesible, el total de esas cuotas ascendía a $12,24 millones, más de tres veces el monto original señalado. “La persona le debe a bancos y casas comerciales, que son quienes le ofrecieron la solución en cada paso. Por eso tarda tanto en darse cuenta: hasta el último día, alguien le siguió prestando”, explica Puelma.
El ejemplo refleja cómo una reducción de la cuota mensual no necesariamente implica una disminución del costo total.
¿Cuándo pedir ayuda por las deudas?
El estudio identifica algunas conductas que pueden funcionar como señales de alerta financiera.
Entre ellas se encuentran pagar gastos cotidianos en cuotas, solicitar créditos para cubrir otras deudas y recurrir reiteradamente a financiamiento para llegar a fin de mes. “El momento de pedir ayuda es cuando ya no puedes pagar la cuota sin pedir dinero nuevo, y en todo caso antes de la primera repactación”, recomienda el abogado.
Una de las alternativas disponibles es el procedimiento de renegociación ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir). Se trata de un trámite gratuito que no exige contratar un abogado ni entregar bienes para iniciar el procedimiento, aunque sí requiere cumplir determinadas condiciones legales. Según las cifras de la Superintendencia citadas en el estudio, la tasa de éxito del procedimiento supera el 98%.
El aumento de solicitudes también refleja la relevancia del problema. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 5.496 renegociaciones, un 124% más que en el mismo período de 2025, de acuerdo con los antecedentes de Superir recogidos en el análisis. “Es un procedimiento legal, con plazos, diseñado para que una persona que trabaja vuelva a tener una vida normal. Pedir ayuda no es reconocer un fracaso; es dejar de financiar uno”, concluye Ricardo Puelma.
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