A diez años de su implementación, la gratuidad universitaria se ha convertido en una de las políticas públicas más importantes para el acceso a la educación superior en Chile. Desde su puesta en marcha en 2016, el beneficio pasó de cubrir al 11,6% de la matrícula de pregrado a alcanzar cerca de la mitad de los estudiantes, según un estudio de Acción Educar.
Sin embargo, el crecimiento de la cobertura también ha abierto interrogantes sobre los costos de financiamiento, la permanencia estudiantil y la sostenibilidad del sistema. Así lo explicó Javiera Pavišić, investigadora de Acción Educar y autora del estudio, durante una entrevista en Concierto Valor, conducido por María Elena Dressel.
Uno de los antecedentes más llamativos de la investigación es que 272 mil estudiantes que recibieron gratuidad habrían abandonado sus carreras sin obtener un título, con un gasto fiscal acumulado cercano a los $1,6 billones.
La cifra fue destacada por Dressel durante la conversación. “Hay un estudio de Acción Educar que pone dos cifras sobre la mesa... Segundo, 272.000 estudiantes que recibieron gratuidad abandonaron, ojo, sin titularse, con un costo fiscal cercano a 1,6 billones de pesos”, señaló.
La gratuidad pasó de cubrir al 11,6% a casi la mitad de la matrícula
Pavišić explicó que el aniversario de la política representa una oportunidad para revisar sus resultados. “En este año se cumplen 10 años desde que se implementó la política de gratuidad... es una buena oportunidad para poder hacer un balance real de los alcances de esta política”, afirmó.
La investigadora destacó que el beneficio ha experimentado una expansión significativa durante la última década. “En 2016, cuando partió esta política pública, los beneficiarios correspondían a un 11,6% de la matrícula de pregrado y hoy día es del 50% [un 46,2%], que se traduce en aproximadamente 613.000 beneficiarios”, explicó.
Este crecimiento refleja el alcance que ha adquirido la gratuidad en el sistema de educación superior. Sin embargo, para la investigadora, la cantidad de beneficiarios no debería ser el único indicador utilizado para evaluar su desempeño. “Para hablar si una política pública es exitosa o no, justamente hay que revisar no solamente si tuvo efectos en el acceso, sino también en lo que es la permanencia y en los costos que puede tener esta política pública también para las instituciones de educación superior”, sostuvo.
La pregunta, según planteó, es si el sistema puede sostener sus compromisos financieros y asegurar que los estudiantes logren completar sus trayectorias académicas.
Los 272 mil estudiantes que no terminaron sus carreras
Uno de los principales cuestionamientos del estudio está relacionado con la deserción de estudiantes que recibieron gratuidad. De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la entrevista, alrededor de 272 mil beneficiarios abandonaron sus estudios sin titularse.
El gasto fiscal acumulado asociado a esas trayectorias fue estimado en aproximadamente $1,6 billones. La cifra plantea interrogantes sobre los mecanismos de acompañamiento académico y las condiciones que influyen en la permanencia de los estudiantes.
No obstante, es importante distinguir entre el gasto asociado a personas que no terminaron sus carreras y la idea de recursos necesariamente desperdiciados. El abandono puede responder a factores económicos, personales, familiares, académicos o de salud, entre otros.
Además, la estimación del estudio no permite concluir que todas esas personas hayan recibido el beneficio de manera irregular. La discusión apunta a cómo mejorar la permanencia y los resultados educativos de una política que ya alcanza a una parte considerable de la matrícula.
“La gratuidad tiene un precio”: el déficit que enfrentan las instituciones
Otro de los principales hallazgos presentados por Pavišić está relacionado con el financiamiento que reciben las instituciones adscritas a la gratuidad.
La investigadora explicó que el Estado no necesariamente transfiere el valor total que una institución considera necesario para impartir una carrera.
En su lugar, utiliza un mecanismo denominado arancel regulado. “El Estado transfiere algo que se llama arancel regulado... está basado en costos históricos, es decir, no representa la totalidad del quehacer institucional”, señaló.
Para explicar el funcionamiento del sistema, Pavišić utilizó un ejemplo. “En promedio nosotros encontramos que si por ejemplo a una institución de educación superior le sale 130 pesos una carrera, el Estado solamente le transfiere 100”, sostuvo.
De acuerdo con su análisis, esta diferencia genera una brecha financiera que debe ser absorbida por las instituciones. “En promedio, cuando uno toma la diferencia entre el arancel real y el arancel regulado, esta diferencia es cerca de un 30%”, afirmó.
Según el estudio, la brecha agregada alcanzaría aproximadamente $1,8 billones. “La gratuidad al final del día tiene un precio. Ese precio... es cerca de 1,8 billones de pesos, cerca de 2.000 millones de dólares”, explicó.
Estas cifras corresponden a estimaciones de Acción Educar y no necesariamente equivalen a pérdidas contables verificadas en todas las instituciones.
Infraestructura, docencia e investigación: las consecuencias del financiamiento
Para Pavišić, las diferencias entre el arancel regulado y los costos institucionales podrían afectar distintas áreas del funcionamiento de los planteles.
La investigadora mencionó especialmente la inversión en infraestructura, innovación, investigación y calidad docente. “Esto tiene efectos muy perjudiciales en cuanto a poder invertir en infraestructura, en docencia, en innovación, en investigación”, sostuvo.
El problema, según explicó, no impacta de manera uniforme a todas las instituciones. Las universidades estatales cuentan con determinados mecanismos de financiamiento público adicionales que pueden contribuir a enfrentar sus necesidades presupuestarias.
En cambio, algunas instituciones privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) disponen de menos alternativas de financiamiento estatal directo. “Nos hemos dado cuenta de que sobre todo en instituciones privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores, al final este déficit termina sobrecayendo de sobremanera”, afirmó.
Durante la conversación, Dressel también mencionó las dudas expresadas por autoridades universitarias respecto de la sostenibilidad del modelo. “Cuando uno escucha hablar a rectores de universidades que están adscritas a la gratuidad... la verdad es que hay dudas respecto a si pueden seguir sosteniendo este modelo”, comentó.
¿Uno de cada cinco beneficiarios estaría fuera de los requisitos?
Otro de los resultados más controvertidos del estudio está relacionado con la focalización socioeconómica de la gratuidad. Actualmente, el beneficio está dirigido a estudiantes que cumplen determinados requisitos, entre ellos pertenecer al 60% de los hogares de menores ingresos.
Pavišić sostuvo que, al comparar antecedentes de matrícula de educación superior con información de la encuesta CASEN 2024, encontraron posibles diferencias entre los beneficiarios y la población objetivo. “Contrastando la cantidad de gente que está en la educación superior en pregrado con los resultados de la encuesta CASEN del 2024, vemos que una de cada cinco personas que actualmente tiene este beneficio no debería haberlo obtenido porque no pertenece a los primeros seis deciles de ingreso”, afirmó.
Se trata de una estimación presentada por Acción Educar. La comparación de fuentes estadísticas no demuestra por sí sola que exista fraude individual ni permite identificar automáticamente a estudiantes que hayan entregado información falsa.
También resulta necesario considerar las diferencias metodológicas entre los instrumentos y los momentos en que se evalúa la situación económica de cada hogar. Sin embargo, para la investigadora, los resultados justifican revisar los mecanismos utilizados para asignar el beneficio.
La propuesta de Acción Educar para modificar la asignación de gratuidad
Una de las principales propuestas del estudio consiste en revisar la forma en que se determina la situación socioeconómica de los postulantes.
Pavišić cuestionó la dependencia de antecedentes declarados por los propios estudiantes mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, conocido como FUAS. “En la práctica se ocupa el FUAS, pero el FUAS es un instrumento que es autorreportado, por ende, se presta de lo que puede ser omitir información o incluso falsificar información”, sostuvo.
La investigadora planteó que el Registro Social de Hogares debería tener un papel central en la evaluación de los beneficiarios. “Si queremos que los recursos lleguen a las personas que realmente lo necesitan, es necesario hacer una fiscalización”, afirmó.
En ese contexto, explicó la propuesta de Acción Educar. “Una de las propuestas que nosotros hacemos... se relaciona a usar solamente el Registro Social de Hogares como una forma de calificar socioeconómicamente a los beneficiarios”, señaló.
El planteamiento busca fortalecer los controles y reducir posibles errores en la asignación de recursos. Sin embargo, cualquier modificación debería considerar también las limitaciones de los registros administrativos y las situaciones de estudiantes cuyos ingresos familiares cambian durante el año.
El desafío de sostener la gratuidad en los próximos años
Durante la entrevista, María Elena Dressel destacó que el gasto fiscal destinado a gratuidad ha aumentado considerablemente desde su implementación. “Hace 10 años Chile cambia la manera de acceder a la universidad e incorpora la gratuidad... en ese tiempo, ojo con esto, el gasto fiscal se ha cuadriplicado, supera los 2 billones de pesos al año”, comentó.
El crecimiento de la cobertura implica que cada vez más estudiantes dependen de esta política para financiar su educación superior. Por eso, el debate sobre su sostenibilidad involucra tanto la disponibilidad de recursos públicos como la capacidad de las instituciones para ofrecer una formación de calidad.
La investigación de Acción Educar plantea revisar tres dimensiones: el acceso al beneficio, la permanencia de los estudiantes y las condiciones financieras de los planteles. A diez años de su implementación, la gratuidad ha ampliado significativamente las oportunidades de financiamiento para estudiar.
Sin embargo, según Pavišić, evaluar sus resultados exige mirar más allá del número de beneficiarios. “Para hablar si una política pública es exitosa o no, justamente hay que revisar no solamente si tuvo efectos en el acceso, sino también en lo que es la permanencia y en los costos que puede tener esta política pública también para las instituciones de educación superior”.
La discusión que abre el estudio no se limita a cuánto dinero destina Chile a la gratuidad, sino también a cómo asegurar que esos recursos permitan a más estudiantes completar sus carreras y que las instituciones puedan sostener su funcionamiento en el tiempo.