La propuesta de Estados Unidos para conformar una coalición regional contra el crimen organizado está abriendo un debate sobre los límites de la cooperación militar y las condiciones bajo las cuales Chile debería participar en una iniciativa de estas características.
Uno de los principales interrogantes apunta al eventual mando de las operaciones y a la autonomía que mantendrían las Fuerzas Armadas de los países participantes. Así lo planteó Rodrigo Pérez de Arce, abogado e investigador asociado de Faro UDD, durante su columna en Concierto Valor, conducido por María Elena Dressel.
El analista abordó la denominada Coalición de las Américas contra las Organizaciones Criminales, una iniciativa promovida por Washington que busca fortalecer la coordinación regional frente a amenazas transnacionales. Sin embargo, advirtió que sus eventuales implicancias militares requieren una evaluación cuidadosa. “Es de una intervención militar bastante más intensa, es decir, podría suponer la subordinación de nuestras fuerzas armadas [...] al mando del ejército estadounidense y eso es una cuestión de alta complejidad”, señaló.
¿Qué implicaría la participación de Chile en la coalición?
La iniciativa estadounidense plantea un nuevo escenario para la cooperación regional en materia de seguridad.
El crimen organizado transnacional representa un desafío que supera las fronteras nacionales, especialmente cuando involucra tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y organizaciones con presencia en varios países. No obstante, Pérez de Arce advirtió que una cooperación más profunda podría abrir interrogantes sobre las atribuciones de las Fuerzas Armadas y los mecanismos de coordinación entre los Estados.
El investigador planteó que el alcance de una eventual intervención militar sería considerablemente mayor al de los acuerdos tradicionales de intercambio de información o colaboración policial. En particular, llamó la atención sobre la posibilidad de que las fuerzas de los países participantes deban operar bajo estructuras de mando lideradas por Estados Unidos.
La advertencia corresponde a un riesgo planteado por el analista, no a una condición de participación que Chile haya aceptado.
La cautela de Chile y la participación de Máximo Pavez
Uno de los elementos destacados durante la conversación fue la decisión de Chile de participar en la cumbre de República Dominicana mediante una representación de nivel subsecretarial. El encargado de asistir es Máximo Pavez, subsecretario del Interior, mientras el Gobierno evalúa una eventual incorporación a la coalición.
Para Pérez de Arce, esta decisión puede interpretarse como una señal de cautela diplomática. “Un signo que yo creo que es interesante es que no va a viajar el ministro, sino que va a viajar el subsecretario de Interior, Max Pavez”, comentó.
El analista consideró que el nivel de representación podría reflejar la intención de evitar compromisos apresurados. “Entonces eso yo creo que también te dice que están tratando de postergar la decisión, hacerse un poco los Larry”, afirmó.
La expresión utilizada por Pérez de Arce apunta a una estrategia de ganar tiempo antes de adoptar una definición. La participación como observador permite conocer los alcances de la iniciativa sin que ello implique necesariamente una adhesión definitiva. De hecho, el subsecretario ha señalado públicamente que el Gobierno continúa evaluando su incorporación.
El desafío de combatir el crimen organizado sin comprometer la autonomía militar
La discusión planteada por Pérez de Arce pone sobre la mesa una tensión que enfrentan numerosos países: cómo fortalecer la cooperación internacional en seguridad sin perder capacidad de decisión sobre sus propias instituciones.
La coordinación regional puede facilitar el intercambio de inteligencia, la persecución de organizaciones criminales y la identificación de redes que operan en diferentes territorios. Sin embargo, cuando una iniciativa contempla posibles operaciones militares, surgen preguntas adicionales.
Entre ellas, quién define los objetivos, qué autoridad tiene el mando, cuáles son las reglas de actuación y qué mecanismos de control existen. En el caso chileno, cualquier decisión de esta naturaleza debe considerar las atribuciones de las instituciones nacionales y el marco jurídico aplicable. Por eso, el investigador insistió en la complejidad que tendría una eventual subordinación operativa de las fuerzas chilenas a un mando extranjero.
La discusión continúa abierta mientras el Ejecutivo estudia las condiciones de la propuesta.
Brasil: Lula gana, pero recibe un país profundamente dividido
Durante la misma columna, Pérez de Arce también abordó la segunda vuelta presidencial de Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro. De acuerdo con los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral brasileño, Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos, mientras su contendor alcanzó el 48,21%.
La estrecha diferencia refleja un escenario de alta competencia política. María Elena Dressel destacó las dificultades que enfrentará el mandatario para gobernar después de una elección de estas características. “Queda un país completamente dividido y va a ser un gobierno que probablemente va a tener que responder a toda la población, la que votó tanto por Lula como esta otra mitad”, señaló.
Pérez de Arce sostuvo que la polarización también ha afectado la confianza en instituciones que deberían actuar con independencia de las disputas partidistas. “Las instituciones que debieran mediar políticamente o que debieran ser autónomas del poder político, están bajo cuestionamiento”, afirmó.
El investigador advirtió que la identificación de las instituciones con determinados sectores políticos puede dificultar su capacidad para resolver conflictos. “Se les acusa todo el tiempo de pertenecer a uno u otro bando y entonces esas instituciones que debieran cautelar o arbitrar estas diferencias están sumamente cuestionadas”, explicó.
La polémica por la extensión del horario de votación
Uno de los episodios que marcó la segunda vuelta brasileña fue la decisión del ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, de extender el horario de votación hasta las 19:00 horas. La medida se adoptó después de denuncias relacionadas con dificultades de transporte y condiciones climáticas que complicaron el acceso de algunos electores a sus locales.
Las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro presentaron solicitudes de extensión en distintos lugares. La decisión provocó dificultades operativas, porque algunas mesas ya habían cerrado cuando se comunicó la medida. El propio Tribunal Superior Electoral reconoció que la prórroga exigió ajustes en los procedimientos de votación y escrutinio.
Este episodio se incorporó al debate sobre el papel de las instituciones judiciales en una elección altamente polarizada. Pérez de Arce sostuvo que, en escenarios de fuerte división, incluso las decisiones de los organismos llamados a arbitrar las controversias pueden terminar sometidas a cuestionamientos políticos.
“La familia Bolsonaro hoy día opera como un holding político”
Pese a la derrota electoral de Flávio Bolsonaro, el investigador destacó que el movimiento asociado al expresidente Jair Bolsonaro mantiene una importante capacidad de influencia. “La familia Bolsonaro, aunque perdió esta elección, hoy día opera como un holding político”, sostuvo.
Con esa expresión, Pérez de Arce describió una estructura política que trasciende la figura de un solo dirigente. El bolsonarismo mantiene una base electoral significativa y cuenta con representantes capaces de disputar espacios institucionales.
El resultado de la segunda vuelta, con más del 48% de los votos válidos para Flávio Bolsonaro, confirma la magnitud de ese respaldo. Para Lula, esto representa el desafío de gobernar frente a una oposición con una importante capacidad de movilización y representación política.
El desafío fiscal de Lula: promesas sociales y presión sobre las cuentas públicas
La economía brasileña fue otro de los temas centrales de la columna. Pérez de Arce advirtió que Lula enfrentará dificultades para compatibilizar sus compromisos sociales con las restricciones fiscales del Estado.
Según las estimaciones mencionadas por el investigador, las promesas podrían implicar un aumento del gasto social del orden de los 59.000 millones de dólares. “El gasto social solo con estas promesas debiera aumentar del orden de 59.000 millones de dólares”, afirmó.
Para ilustrar la magnitud de la cifra, el abogado la comparó con los retiros de fondos previsionales realizados en Chile. Se trata de una estimación expuesta por el entrevistado, cuyo cálculo y período de aplicación requieren verificación antes de considerarla una cifra fiscal definitiva.
La conductora de Concierto Valor también abordó las dificultades presupuestarias de Brasil. “El estado brasilero gasta mucho más de lo que recauda y hoy día están con un déficit fiscal [...] la verdad es que ese es como un zapato chino, ¿no?”, comentó Dressel.
Para Pérez de Arce, el dilema del mandatario será encontrar financiamiento para sus compromisos sin profundizar los desequilibrios de las cuentas públicas. “¿Cuál es el problema que tiene Lula frente a sí? Que o hace un ajuste fiscal muy fuerte el próximo año y no cumple estas promesas, o patea la crisis vía más emisión, más deuda... es bicicletear esa deuda”, sostuvo.
El análisis describe una encrucijada política y económica, aunque las alternativas fiscales de un gobierno no se limitan necesariamente a esas dos opciones.
El liderazgo de Lula y la falta de renovación política
Pérez de Arce también reflexionó sobre la trayectoria de Lula y su importancia dentro de la política latinoamericana.
El investigador lo describió como uno de los liderazgos democráticos más relevantes de la región durante las últimas décadas. “Es un liderazgo bien especial, fuera de serie... probablemente no hay ningún otro político latinoamericano democrático más exitoso que él en los últimos 50 años”, afirmó.
Sin embargo, también cuestionó las dificultades que enfrenta la política brasileña para desarrollar nuevos liderazgos. “Pero no hay renovación”, agregó.
La observación apunta a la permanencia de figuras que llevan décadas ocupando posiciones centrales en la competencia política. En Brasil, tanto Lula como la familia Bolsonaro continúan concentrando buena parte del debate nacional.
Dos desafíos para la política latinoamericana
La columna de Rodrigo Pérez de Arce abordó dos escenarios diferentes que comparten una preocupación por la fortaleza de las instituciones. En Brasil, la reelección de Lula ocurre en medio de una profunda polarización, una oposición políticamente consolidada y desafíos fiscales importantes. En Chile, la propuesta de una coalición de seguridad liderada por Estados Unidos plantea interrogantes sobre cooperación internacional, soberanía y autonomía militar.
Para el investigador, las decisiones que se adopten en ambos casos tendrán consecuencias políticas e institucionales relevantes. Mientras Brasil deberá administrar las tensiones de una elección estrecha, Chile tendrá que evaluar cuidadosamente las condiciones de una eventual participación en la iniciativa estadounidense.
La advertencia de Pérez de Arce resume el punto más delicado de esa discusión: una coalición concebida para enfrentar el crimen organizado también podría abrir preguntas fundamentales sobre quién ejerce el mando y bajo qué condiciones participan las Fuerzas Armadas nacionales.