Chile se prepara para modificar uno de los componentes centrales de su sistema tributario. La recientemente promulgada Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social contempla una reducción gradual del impuesto que pagan las grandes empresas, junto con incentivos para la compra de viviendas, la regularización de capitales y la ejecución de proyectos de inversión.
El objetivo del Gobierno es impulsar la actividad económica mediante una combinación de menores cargas tributarias y mayor certeza para los inversionistas.
En conversación con Concierto Valor, Pablo Mahu, abogado especialista en tributación corporativa internacional y socio de Serrano Abogados, explicó cómo funcionan estas medidas y por qué considera que podrían contribuir a la generación de empleos.
Su análisis apunta a un efecto que va más allá de las empresas beneficiadas directamente: la posibilidad de que nuevas inversiones activen una cadena de proveedores, servicios y contrataciones.
Del 27% al 23%: cómo cambiarán los impuestos a las empresas
Una de las modificaciones más importantes corresponde al Impuesto de Primera Categoría, que grava las utilidades empresariales.
La ley establece una disminución progresiva de la tasa corporativa para las empresas acogidas al régimen general. Actualmente situada en 27%, bajará a 25,5% durante el año comercial 2027, a 24% en 2028 y finalmente a 23% desde 2029.
Para Mahu, la modificación no debe analizarse únicamente como una reducción de cuatro puntos porcentuales. “La rebaja de impuestos de primera categoría que va a bajar del 27 al 23 ya para el año 2029 hace que Chile vuelva a ser un sistema completamente integrado de impuestos para las empresas y las personas”, explicó.
El abogado destacó que esa integración constituye uno de los cambios estructurales más relevantes de la reforma.
¿Qué significa volver a un sistema tributario integrado?
El sistema tributario chileno contempla impuestos que se aplican a las utilidades de las empresas y otros que afectan a las personas cuando reciben determinadas rentas.
La integración permite reconocer los impuestos pagados por una compañía como crédito frente a los tributos personales que correspondan a sus propietarios. Bajo el sistema semiintegrado, parte de ese crédito debe restituirse, lo que modifica la carga tributaria final.
La nueva ley contempla eliminar gradualmente esa restitución, avanzando hacia la integración completa del sistema. Para Mahu, esta modificación resulta especialmente importante porque cambia la manera en que se relaciona la tributación empresarial con la de las personas.
La implementación será gradual y las distintas disposiciones tributarias no necesariamente comenzarán a operar al mismo tiempo.
Viviendas nuevas sin IVA: ¿podrían bajar los precios?
Otra de las medidas apunta directamente al mercado inmobiliario. La ley establece una exención temporal del IVA para la primera venta de determinadas viviendas nuevas terminadas, durante un periodo de doce meses.
La medida busca reactivar la comercialización de propiedades y entregar un impulso al sector de la construcción. Entre las estimaciones discutidas sobre su impacto aparece una eventual reducción de precios cercana al 13%.
Sin embargo, ese porcentaje no constituye una rebaja automática ni garantizada para todas las viviendas. El resultado dependerá de factores como la estructura de costos de cada proyecto, el tratamiento de los créditos tributarios y la proporción del beneficio que finalmente se traspase al comprador.
La exención comenzaría a operar en diciembre de 2026 si la ley se publica durante octubre en el Diario Oficial.
Repatriación de capitales: tasas de 7% y 10%
La reforma contempla además un mecanismo extraordinario para que contribuyentes regularicen determinados bienes y rentas mantenidos en el extranjero que no fueron declarados oportunamente. El régimen establece un tratamiento tributario diferenciado según las condiciones contempladas para los activos.
Durante la entrevista, Mahu explicó que uno de sus principales objetivos es aumentar la información disponible para el Servicio de Impuestos Internos. “Lo que busca es darle más información al Servicio de Impuestos Internos, es decir, transparentar la situación de los activos de los contribuyentes”, sostuvo.
El abogado destacó particularmente el incentivo para que los recursos regresen al país. “Busca que en definitiva esa plata ojalá vuelva a Chile con esta tasa del 7%”, señaló.
El mecanismo considera tasas de entre 7% y 10%, dependiendo de las condiciones aplicables. Si la ley se publica durante octubre, la ventana de regularización comenzaría en enero de 2027 y se extendería por un año.
¿Pueden acogerse dineros del crimen organizado?
Uno de los cuestionamientos habituales a los regímenes extraordinarios de regularización tributaria es la posibilidad de que sean utilizados para blanquear recursos de origen delictivo.
Mahu descartó que ese sea el alcance legal de la medida. “Los dineros que vienen de ese tipo de delitos no se pueden acoger a estos regímenes de repatriación”, explicó al referirse al narcotráfico y al crimen organizado.
La distinción es relevante: permitir la regularización tributaria de determinados activos no significa autorizar el ingreso de recursos provenientes de actividades ilícitas. El mecanismo debe operar bajo las obligaciones legales de fiscalización y prevención del lavado de activos.
Invariabilidad tributaria para inversiones desde US$50 millones
La ley también incorpora un régimen dirigido a grandes proyectos de inversión. Su objetivo es entregar certeza sobre las condiciones tributarias aplicables durante periodos prolongados.
Mahu explicó que la medida busca permitir que empresas con inversiones importantes puedan planificar sus proyectos con menor incertidumbre. “Establece que tú puedes congelar tu tratamiento tributario como empresa si tienes proyectos de inversión de 50 millones de dólares para arriba”, señaló.
El régimen contempla plazos diferenciados según el monto comprometido: diez años para proyectos desde US$50 millones, quince años para inversiones desde US$100 millones y veinte años para aquellas desde US$350 millones. Las empresas que opten por este mecanismo deberán pagar una prima adicional de 1,5 puntos porcentuales sobre la tasa corporativa general.
Para el abogado, esa estabilidad puede resultar particularmente atractiva en sectores donde los proyectos requieren años de preparación y ejecución. “Eso para mí es reimportante para que en Chile se vuelva a creer en el largo plazo”, afirmó.
De una gran inversión a nuevas contrataciones
El argumento económico de Mahu apunta finalmente a la relación entre inversión y empleo. Cuando una compañía decide ejecutar un proyecto importante, no solamente necesita trabajadores propios.
También requiere contratar servicios de construcción, transporte, ingeniería, mantenimiento, logística y una amplia variedad de proveedores. “Dado estos incentivos a reactivar la economía, llegan estos proyectos de inversión grandes”, explicó.
A partir de ahí, describió un efecto que podría extenderse hacia otras empresas. “Se arma toda la economía secundaria donde vienen las empresas que le prestan servicio y esas empresas empiezan a contratar gente”, sostuvo.
Para Mahu, esa es la secuencia que se espera activar mediante la combinación de incentivos tributarios y certeza para los inversionistas. No obstante, se trata de un resultado esperado, no de una consecuencia automática. Su materialización dependerá de las decisiones efectivas de inversión, las condiciones económicas y la capacidad de ejecución de los proyectos.
La apuesta económica de la reforma
La Ley de Reconstrucción contempla cambios que comenzarán a implementarse en distintos momentos, desde incentivos transitorios hasta modificaciones permanentes al sistema tributario.
La reducción del impuesto corporativo, la integración tributaria, la exención del IVA a determinadas viviendas nuevas y el régimen de invariabilidad buscan actuar sobre diferentes decisiones económicas. Para Mahu, el objetivo es crear condiciones que favorezcan nuevas inversiones y permitan que sus efectos se extiendan hacia proveedores y trabajadores.
La apuesta consiste en que una mayor actividad empresarial termine traduciéndose en más contrataciones y dinamismo económico. El desafío será comprobar si los incentivos tributarios efectivamente consiguen transformarse en proyectos, inversión productiva y nuevos puestos de trabajo.