Las emergencias climáticas que han afectado a Santiago y la zona central volvieron a instalar una pregunta sobre la preparación del país: ¿cuánto está dispuesto a invertir Chile para prevenir las consecuencias de futuros desastres?
La discusión adquirió especial relevancia en medio de los cuestionamientos por la propuesta de reducir en un 30% los recursos destinados al programa de gestión del riesgo de desastres en el Presupuesto 2027.
En conversación con Concierto Valor, el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, abordó las críticas y abrió la posibilidad de que los montos sean revisados durante su tramitación en el Congreso. “El presupuesto no son las tablas de la ley”, afirmó.
José Francisco Lagos
La declaración apunta a que la propuesta presentada por el Ejecutivo puede experimentar modificaciones durante el debate legislativo. Sin embargo, el subsecretario no comprometió revertir la reducción cuestionada.
El presupuesto para prevenir desastres entra en discusión
La propuesta presupuestaria para 2027 ha generado cuestionamientos sobre los recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres.
El debate ocurre después de episodios meteorológicos que han provocado daños y han vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones. Consultado sobre la reducción propuesta, Lagos destacó que la discusión presupuestaria contempla una etapa de revisión en el Congreso.
Su respuesta deja abierta la posibilidad de introducir cambios a las partidas durante el proceso legislativo. No obstante, existe una diferencia importante entre reconocer que el presupuesto puede modificarse y anunciar una decisión concreta para aumentar los recursos.
Durante la entrevista, el subsecretario no confirmó que el Gobierno vaya a retirar el recorte del 30%. Por ahora, la controversia continúa centrada en cómo se distribuirán los recursos públicos y qué prioridad tendrá la prevención de emergencias dentro del gasto estatal.
“Las ciudades no están preparadas para eventos de esta magnitud”
Más allá del debate presupuestario, Lagos reconoció las dificultades que enfrentan las ciudades para responder a fenómenos meteorológicos de gran intensidad. “Las ciudades no están preparadas para eventos de esta magnitud”, sostuvo.
La afirmación se produce después de las lluvias y tormentas que afectaron a distintos sectores de la zona central durante octubre. Estos episodios reabrieron las preguntas sobre el estado de la infraestructura urbana, los sistemas de evacuación y la capacidad de anticipar daños.
La discusión no se limita a la respuesta inmediata de los equipos de emergencia. También involucra decisiones de largo plazo sobre planificación territorial, infraestructura y adaptación frente a fenómenos climáticos extremos. En ese contexto, el subsecretario planteó la necesidad de discutir cuánto debe invertir el país para enfrentar riesgos de esta naturaleza.
Alcaldes cuestionan la coordinación del Gobierno
Otro de los asuntos abordados durante la entrevista fue la coordinación entre el Ejecutivo y los municipios durante las emergencias.
Se expuso críticas de alcaldes que han manifestado dificultades para identificar a sus interlocutores dentro del Gobierno. Entre los cuestionamientos aparece la ausencia de una vocería exclusiva para determinadas situaciones de emergencia.
Consultado sobre estas observaciones, Lagos defendió el funcionamiento de la institucionalidad encargada de coordinar las respuestas. “No depende de quién esté al frente de los micrófonos”, afirmó.
Su planteamiento apunta a que la gestión de una emergencia no debería depender exclusivamente de la persona que realiza las comunicaciones públicas. Sin embargo, los cuestionamientos municipales abren una discusión sobre la claridad de los canales de coordinación y la capacidad de las autoridades locales para obtener respuestas oportunas.
La comunicación con los municipios resulta especialmente relevante porque son las administraciones comunales las que mantienen un contacto directo con muchas de las personas afectadas.
Tecnología para anticipar futuras catástrofes
Durante la conversación, Lagos también abordó la necesidad de incorporar nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer los sistemas de prevención. El subsecretario señaló que el Ejecutivo está dispuesto a acelerar procesos de adquisición de equipamiento que contribuya a mejorar la capacidad de anticipación.
Entre las herramientas mencionadas aparecen radares de detección temprana de tsunamis considerados en la discusión presupuestaria. La incorporación de tecnología busca mejorar la información disponible para las instituciones responsables de evaluar amenazas y coordinar respuestas. Sin embargo, su efectividad también depende de que los datos se traduzcan en advertencias oportunas y medidas concretas de protección.
La discusión sobre nuevas adquisiciones se suma así al debate más amplio sobre el financiamiento de la prevención.
La rebaja del TAG en Autopista Central
La entrevista también abordó una medida económica que tendrá impacto en los automovilistas: la disminución de determinadas tarifas del TAG en Autopista Central.
Lagos explicó que el mecanismo contempla una compensación para la concesionaria mediante una extensión de 20 meses de su contrato. A cambio, se aplicarían reducciones tarifarias para los usuarios bajo las condiciones establecidas en el acuerdo.
Durante la conversación, el subsecretario mencionó una rebaja del 25% para determinados horarios y un universo estimado de 1,7 millones de usuarios beneficiados anualmente. También se hizo referencia a una reducción del 10%, por lo que resulta necesario distinguir los tramos, horarios o modalidades a los que corresponde cada porcentaje.
La medida busca disminuir los costos de desplazamiento para los automovilistas, mientras la extensión de la concesión constituye parte de la compensación económica acordada. Su alcance efectivo dependerá de las condiciones específicas de implementación.
El desafío de pasar de la emergencia a la prevención
Las declaraciones de José Francisco Lagos dejan abiertas dos discusiones sobre la preparación del país. La primera es presupuestaria: qué recursos se destinarán a prevenir desastres y si la propuesta para 2027 experimentará modificaciones durante su tramitación. La segunda es institucional: cómo mejorar la coordinación entre autoridades, municipios y organismos especializados frente a fenómenos cada vez más exigentes.
El reconocimiento de que las ciudades no están preparadas para eventos de gran magnitud refuerza la importancia de ambas preguntas. Por ahora, el Gobierno ha planteado que el presupuesto puede discutirse y ha manifestado disposición a acelerar la adquisición de tecnología preventiva. Lo que todavía no está resuelto es si esa apertura se traducirá en cambios concretos a los recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres.
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