El proyecto de Presupuesto 2027 contempla oficialmente un crecimiento del gasto público de 1,5%. Sin embargo, antes de discutir si esa expansión es suficiente, los integrantes del Panal de Ideas de Concierto Valor pusieron sobre la mesa una pregunta más básica: ¿con qué cifra se está realizando la comparación?
La vicerrectora de Investigación de la Universidad Alberto Hurtado y exministra de Ciencias, Aisén Etcheverry, cuestionó el cambio metodológico utilizado para abordar las cifras presupuestarias y advirtió que modificaciones difíciles de comprender pueden terminar afectando una institucionalidad que Chile ha construido durante años. “Llama la atención cómo este cambio de metodología no se entiende muy bien por qué”, sostuvo.
La discusión ocurre después de que el Presidente José Antonio Kast presentara el Presupuesto 2027, que contempla un aumento de 1,5% respecto de 2026 y establece entre sus prioridades crecimiento, empleo, seguridad, niñez y protección de beneficios sociales.
¿Sobre qué cifra se calcula el aumento de 1,5%?
El problema planteado durante el panel está en la base utilizada para comparar el nuevo Presupuesto.
Durante 2026, Hacienda implementó un Plan de Ajuste Fiscal cuya primera fase consideró una reducción transversal de 3% del gasto bruto de las distintas partidas presupuestarias.
La instrucción estableció además que ese ajuste tendría carácter permanente y que debía considerarse como base para formular el Presupuesto 2027 y los ejercicios posteriores. Esto ha abierto una discusión respecto de cómo interpretar el crecimiento de 1,5% anunciado por el Ejecutivo.
Etcheverry puso el énfasis en la importancia de mantener reglas comprensibles y comparables en el tiempo. “Chile tiene una institucionalidad que es muy robusta y parte de esa institucionalidad es la forma en cómo medimos las cosas”, sostuvo.
Para la exministra, la preocupación no pasa solamente por el resultado final de una determinada cifra presupuestaria. “Me parece que nuevamente estamos frente a un caso donde empezamos de a poquitito a socavar la institucionalidad y creo que eso es riesgoso”, afirmó.
Su declaración corresponde a una evaluación sobre los efectos institucionales que podría tener este tipo de modificaciones, mientras el Ejecutivo ha defendido su propuesta como una expansión responsable del gasto compatible con las restricciones fiscales actuales.
Las alertas por educación superior
La discusión también llegó a Educación.
El proyecto contempla $17,3 billones para el sector y el Gobierno sostiene que permitirá mantener, entre otros beneficios, la gratuidad para más de 600 mil estudiantes y aumentar las becas para quienes continúan sus estudios después del colegio. Sin embargo, el detalle de las partidas contempla ajustes en distintos programas y recortes asociados a universidades, lo que ya ha abierto un debate respecto de las prioridades del gasto educacional.
Etcheverry manifestó especial preocupación por educación superior. “El Ministerio de Educación efectivamente viene con recortes que son sustantivos (...) para educación superior”, señaló.
La exministra vinculó la discusión con un desafío que excede a las propias universidades: la capacidad que tendrá Chile para formar capital humano y responder a los cambios tecnológicos. “En un minuto con todo lo que está pasando con inteligencia artificial y la necesidad de crecimiento económico, donde precisamente lo que podamos invertir en educación es súper importante, entonces se prenden las alertas”.
El efecto sobre la confianza
Marcelo Trivelli, presidente de Fundación Semilla, llevó la discusión hacia las consecuencias que pueden generar decisiones públicas que cambian durante su implementación.
Para el integrante del Panal de Ideas, la confianza no se deteriora solamente dentro del sistema político. “Lo más terrible de esto es cómo se socava la confianza pública en la democracia, pero también en el sector privado”, sostuvo.
Trivelli apuntó particularmente a proyectos y procesos que comienzan bajo determinadas condiciones y posteriormente sufren modificaciones. “Cuando se empiezan a caer las licitaciones, los proyectos, se dejan a medio camino (...) resulta que todo lo que están haciendo es contraintuitivo en términos de cómo recuperar la confianza”, señaló.
Su argumento es que la previsibilidad de las decisiones estatales también importa para actores privados que deben planificar inversiones y comprometer recursos a largo plazo.
¿Un Estado más pequeño o un Estado más efectivo?
La discusión presupuestaria también llevó al panel a abordar cuál debería ser el papel del Estado.
Trivelli sostuvo que el problema no debería reducirse únicamente a cuánto gasta o cuánto crece. “Yo creo que más bien hay falta de convicciones del rol del Estado”, afirmó.
Para el presidente de Fundación Semilla, la experiencia internacional demuestra la necesidad de contar con instituciones públicas capaces de actuar tanto durante procesos de desarrollo como frente a periodos de crisis. “La historia demuestra que tanto para desarrollarse como para sortear crisis se necesitan estados fuertes”, señaló.
Sin embargo, precisó inmediatamente qué entiende por esa fortaleza. “Cuando digo fuertes implican efectivos y eficientes”.
La distinción desplaza la discusión desde una oposición entre “más Estado” y “menos Estado” hacia otra pregunta: qué tan bien utiliza sus recursos y ejecuta sus decisiones.
“Avanzo un paso, retrocedo”
Francisco Cerda, sociólogo y socio de Good Company, puso el foco precisamente en la ejecución. “Hay un problema de ejecución técnico que creo que es preocupante, porque gobernar no es sencillo”, sostuvo.
Para Cerda, los cambios de dirección pueden terminar afectando también las decisiones empresariales. “¿Qué pasa con el sector privado? ¿Cómo podemos planificar si cada cosa que se hace es avanzo un paso, retrocedo y no se entiende?”, cuestionó.
El problema, desde esa perspectiva, no se limita a una determinada cifra presupuestaria. Una empresa que evalúa inversiones necesita conocer las condiciones bajo las cuales operará y tener cierto grado de certeza respecto de su continuidad.
Un plan que sobreviva a los gobiernos
Cerda cerró su análisis poniendo sobre la mesa una dimensión de más largo plazo.
Al referirse a experiencias internacionales de países que lograron reducir el desempleo, sostuvo que los avances relevantes no surgieron únicamente de medidas aisladas de una administración. “Ninguno de estos países que mencioné logró salir sino que fue con grandes acuerdos políticos para un plan de largo plazo”, afirmó. “Acá necesitamos un plan de largo plazo”, agregó.
Ese planteamiento conecta los distintos puntos discutidos por el Panal de Ideas. El Presupuesto 2027 abre naturalmente una discusión sobre cuánto dinero gastará el Estado y dónde lo hará. Pero para los panelistas existe una pregunta anterior: qué tan estables, comprensibles y previsibles son las reglas utilizadas para tomar esas decisiones.
Porque detrás de una diferencia metodológica aparentemente técnica pueden aparecer interrogantes más amplias sobre educación, inversión, confianza y capacidad de planificación. Y para Etcheverry, precisamente ahí está el riesgo: cuando las formas de medir y comparar comienzan a modificarse sin que sus razones sean suficientemente comprendidas, la discusión deja de ser solamente sobre pesos y porcentajes y pasa también a ser sobre la fortaleza de las instituciones.