Era una fiscalización rutinaria en la población Las Dunas, en Lo Espejo. Un grupo de personas llamó la atención de Carabineros y los funcionarios decidieron controlarlos. Segundos después, uno de los sujetos abrió fuego en más de 20 oportunidades contra los policías.
El procedimiento terminó con la muerte del cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Fernández, posteriormente ascendido de manera póstuma a suboficial mayor. El atacante, un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular y con antecedentes policiales, fue abatido por otro funcionario.
Para Eduardo Labarca, prefecto en retiro de la PDI y experto en seguridad, el episodio representa una transformación que obliga a discutir las herramientas y atribuciones con que cuentan actualmente las policías. “Estamos en presencia de que hoy día el uniforme ya no da ningún tipo de respeto”, sostuvo en su columna de Concierto Valor.
Más de 20 disparos durante una fiscalización
El asesinato ocurrió el domingo 27 de septiembre en la población Las Dunas.
Aguilera, de 30 años, participaba junto con otros funcionarios en un control a un grupo que se encontraba en la vía pública cuando uno de los sujetos extrajo un arma y abrió fuego. Fueron más de 20 disparos. Uno de ellos alcanzó al funcionario en la cabeza y posteriormente provocó su muerte. Otro carabinero respondió utilizando su arma de servicio y abatió al atacante.
Labarca puso el foco en el tipo de armamento que actualmente puede encontrarse en manos de delincuentes. Según señaló durante la conversación, el atacante utilizó “una pistola Glock modificada que la transforma de una pistola normal a una subametralladora”.
Los antecedentes públicos disponibles confirman que el arma utilizada contaba con un cargador extendido. La caracterización específica de la modificación como una transformación a “subametralladora” corresponde al análisis entregado por Labarca durante la entrevista.
“El uniforme ya no da ningún tipo de respeto”
Para el exfuncionario de la PDI, el caso demuestra que el escenario delictual que enfrentan actualmente las policías es diferente al de décadas anteriores. “Como había una frase antigua, ‘Chile cambió’, y efectivamente Chile cambió”, sostuvo.
Labarca contrastó la delincuencia actual con aquella que conoció el país durante las décadas de 1980 y 1990. “Ya no es la delincuencia que teníamos en los años 80 o los 90”, afirmó.
Entre las señales de esa transformación mencionó la presencia de menores portando armas y el acceso de delincuentes a armamento con modificaciones capaces de aumentar su capacidad de fuego.
Los días posteriores al homicidio de Aguilera reforzaron las preocupaciones sobre Las Dunas. Carabineros realizó allanamientos en Lo Espejo y La Cisterna, mientras nuevos operativos permitieron retirar portones y cámaras que, según las autoridades, habían sido instalados por grupos vinculados al narcotráfico para controlar accesos al sector.
Taser como alternativa antes de utilizar un arma de fuego
Frente a ese escenario, Labarca planteó que fortalecer a las policías no significa únicamente aumentar el uso de fuerza letal.
Una de las herramientas que defendió fueron las pistolas Taser, particularmente en procedimientos donde existe una persona violenta que debe ser reducida. “Para eso son estas pistolas Taser, para situaciones como las que estamos hablando”, sostuvo.
Como ejemplo, utilizó los procedimientos de violencia intrafamiliar. “Llega Carabinero, hay una persona que está teniendo violencia intrafamiliar, ocupa su arma Taser, lo inhabilita y lo lleva detenido”, explicó.
La lógica planteada por Labarca es incorporar una alternativa de menor letalidad que permita incapacitar temporalmente a una persona antes de que una situación escale hasta requerir el uso de un arma de fuego.
El experto cuestionó que el debate sobre estas herramientas quede determinado principalmente por posiciones políticas. “Hay trinchera ideológica de un lado o del otro que vota en contra porque dice que va en contra de los derechos humanos”, afirmó.
¿Necesita Carabineros mayores atribuciones?
El segundo elemento planteado por Labarca apunta a las facultades de los funcionarios durante procedimientos policiales. El prefecto en retiro utilizó como referencia protocolos que ha observado en otros países, mencionando específicamente a Canadá.
A partir de esa comparación, sostuvo que en Chile debería existir una discusión sobre cómo deben actuar las personas durante una fiscalización y hasta dónde puede responder un funcionario frente a movimientos que considere una amenaza. “Tenemos que darle a nuestros carabineros mayores atribuciones”, afirmó.
Su planteamiento adquiere especial relevancia después de lo ocurrido con Aguilera: lo que comenzó como un control policial terminó en segundos con un sujeto disparando repetidamente contra los funcionarios.
El debate llega también a las cárceles
Para Labarca, enfrentar al crimen organizado no termina con detener a sus integrantes. También importa qué ocurre una vez que ingresan al sistema penitenciario.
La discusión adquirió especial notoriedad durante los últimos meses con el denominado Plan Cancerbero, que trasladó alrededor de 1.500 internos considerados de mayor peligrosidad hasta la cárcel La Laguna, en Talca, con el objetivo de avanzar en su segregación.
El proceso enfrentó obstáculos judiciales en el caso de cuatro integrantes del denominado Clan Chen. Inicialmente, el Juzgado de Garantía de Iquique bloqueó sus traslados desde cárceles de Alto Hospicio y Santiago, pero posteriormente la Corte de Apelaciones revocó esa resolución y autorizó su traslado a La Laguna.
La segregación carcelaria también forma parte de la reforma de seguridad que actualmente trabajan senadores de distintas bancadas, junto con modificaciones vinculadas al crimen organizado y los estados de excepción.
La corrupción dentro del sistema penitenciario
A la discusión sobre peligrosidad se suma otro problema: las organizaciones criminales capaces de operar desde el interior de las cárceles y corromper a funcionarios.
La Operación Apocalipsis II permitió recientemente detener a personas investigadas por una presunta red que habría facilitado el ingreso de elementos prohibidos a recintos penitenciarios mediante sobornos y cohecho.
La investigación es continuación del operativo realizado en 2025, que derivó en la formalización de 23 civiles y 47 gendarmes por distintos delitos vinculados a corrupción penitenciaria.
Estos antecedentes agregan otra dimensión al problema planteado durante la columna: no basta con detener a quienes integran organizaciones criminales si posteriormente pueden mantener redes de poder dentro del sistema penitenciario.
Una delincuencia que cambió
La tesis central de Labarca parte de una constatación sencilla: las condiciones en las que trabajan actualmente las policías no son las mismas de décadas anteriores.
El asesinato de Cristopher Aguilera constituye para el experto una expresión particularmente grave de ese cambio.
Una fiscalización rutinaria terminó con más de 20 disparos dirigidos contra Carabineros. En los días posteriores, las autoridades intensificaron los operativos en Las Dunas, retirando infraestructura utilizada por grupos vinculados al narcotráfico para controlar el territorio.
Para Labarca, responder a ese escenario requiere revisar desde las herramientas de menor letalidad disponibles para los funcionarios hasta sus atribuciones y el tratamiento de delincuentes de alta peligrosidad dentro de las cárceles.
Porque si, como plantea el ex-PDI, “Chile cambió”, la pregunta que queda detrás de su análisis es si las herramientas entregadas a quienes deben enfrentar esa nueva delincuencia cambiaron también.