El proyecto de Sala Cuna Universal dio un paso relevante al cambiar el centro de la discusión: el derecho ya no estaría determinado únicamente por la situación laboral de los padres, sino que pondría a los propios niños y niñas como beneficiarios. Sin embargo, las modificaciones introducidas durante su tramitación abrieron una pregunta inevitable: ¿puede seguir considerándose universal si algunas familias tendrán que copagar?
La senadora Beatriz Sánchez abordó en Concierto Valor el rechazo que recibió en el Senado la fórmula de financiamiento y cuestionó elementos como el copago, el uso intensivo del seguro de cesantía y la falta de fortalecimiento de la oferta pública.
Beatriz Sánchez
Aunque valoró el cambio respecto de quién posee el derecho, sostuvo que algunas de las modificaciones terminaron alejando la iniciativa de su planteamiento original.
Los niños como sujetos del derecho
Uno de los avances destacados por Sánchez está en una modificación conceptual que puede tener consecuencias importantes sobre el alcance de la política.
Tradicionalmente, el acceso a sala cuna ha estado vinculado a determinadas condiciones laborales de madres y padres. La nueva fórmula busca trasladar el foco hacia la infancia. “Creo que es una buena noticia que se ponga el acento hoy día en que el beneficio sea para los niños y las niñas”, sostuvo la senadora.
Para Sánchez, establecer el derecho desde los propios menores permite ampliar su alcance. “Focalizar el derecho en ellos plantea un beneficio muchísimo más grande que tomarlo solo para quien tiene la categoría de trabajador o trabajadora, lo hace mucho más universal”, agregó.
El problema, según planteó, aparece al observar cómo se financiará y materializará ese acceso.
El copago que tensiona la idea de universalidad
La senadora cuestionó particularmente la incorporación de un eventual copago y la orientación que estaría tomando el sistema de provisión. “Se incorporan figuras que a nuestro juicio [...] lo dejan de hacer universal, como por ejemplo el copago”, señaló.
Sánchez agregó otra crítica: la iniciativa no estaría acompañada de un fortalecimiento equivalente de la infraestructura pública. “No se fortalece el sistema público de acceso a salas cunas, sino que se empieza a depender más de que haya infraestructura privada. Cambia bastante la naturaleza de lo que era originalmente el proyecto”, afirmó.
La discusión deja así una tensión entre dos dimensiones de la iniciativa: ampliar formalmente quién posee el derecho y garantizar materialmente que todas las familias puedan ejercerlo.
Salarios de $530 mil y $550 mil
Para explicar por qué incluso un copago aparentemente bajo puede transformarse en una barrera, Sánchez llevó la discusión a la realidad salarial de las mujeres en regiones. “La mediana del salario de las mujeres en la región del Maule es de 550.000 pesos. En La Araucanía es de 530.000 pesos”, indicó.
Con ingresos de ese nivel, sostuvo, agregar nuevos costos puede dificultar el acceso al beneficio. “Cuando tienes medianas de salarios tan bajas para mujeres, un copago de 10.000 pesos es algo que no se puede afrontar”, afirmó.
La discusión también aparece en la Región Metropolitana. Sánchez recogió una intervención del senador Rojo Edwards, quien habría advertido sobre una cobertura fija cercana a $530 mil, frente a un costo promedio de sala cuna que, según lo expuesto durante el debate, no bajaría de $650 mil.
La diferencia sería de alrededor de $120 mil. “¿Quién va a cubrir ese trecho? Las mujeres con copago. Imposible”, planteó Sánchez al relatar el cuestionamiento.
El Gobierno tendrá que volver a negociar
La fórmula de financiamiento no consiguió los votos necesarios en el Senado, por lo que la discusión continuará durante la tramitación legislativa.
Sánchez atribuyó el resultado a la falta de disposición del Ejecutivo para modificar su propuesta. “El gobierno se cerró a negociar, se cerró a conversar e insistió con su proyecto a rajatabla. Bueno, finalmente no tuvo los votos”, afirmó.
A juicio de la senadora, el resultado obligará a buscar una nueva fórmula. “Va a estar obligado el gobierno a negociar su sistema de financiamiento para no desvestir un santo para vestir otro”, agregó.
El financiamiento aparece así como uno de los principales puntos que deberán resolverse en la siguiente etapa: cómo ampliar el derecho sin trasladar una carga difícil de asumir hacia las mismas familias que la política pretende beneficiar.
El desafío del empleo femenino
La discusión tampoco ocurre de manera aislada del mercado laboral.
Durante la entrevista, la conductora de Concierto Valor, María Elena Dressel, vinculó el debate con las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder y permanecer en el empleo. “Esta es la peor ecuación que podemos tener cuando estamos hablando de tratar de garantizar acceso a la empleabilidad, sobre todo para las mujeres”, sostuvo.
El acceso a cuidados aparece así no solamente como una política relacionada con la infancia, sino también como una condición que puede influir en las posibilidades laborales de quienes asumen responsabilidades de crianza. Por eso, el debate que continuará en el Congreso tendrá que resolver una contradicción central.
El proyecto dio un paso hacia la universalidad al establecer que el derecho corresponde a los niños y niñas y no exclusivamente a determinadas categorías de trabajadores. Pero para que esa universalidad exista fuera del papel, deberá resolver quién financia el acceso y qué ocurre con aquellas familias cuyos ingresos no permiten asumir siquiera un copago adicional.
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