En conversación con Concierto Valor de Radio Concierto, el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa. Donde abordó dos de los focos más complejos de la contingencia pública.
Por una parte, la apertura de cuadernos de remoción a 118 magistrados por el uso irregular de licencias médicas. Además, el debate en torno a las contrataciones con remuneraciones millonarias en el aparato estatal.
Remoción de jueces y la independencia de responsabilidades
Respecto a las críticas de la Asociación de Magistradas y Magistrados frente al proceso disciplinario abierto por la Corte Suprema, Figueroa aclaró que en Chile rige un principio de independencia de responsabilidades. En esa línea, explicó que una falta puede acarrear simultáneamente sanciones administrativas, penales y de orden político o disciplinario. "Es una actividad ilegal en personas que están llamadas en su día a día a administrar justicia a otras personas... Se deja fuera a aquellos que efectivamente han cometido irregularidades en torno al uso de licencias médicas falsas o de forma irregular para salir del país u obtener vacaciones". Remarcó la autoridad institucional.
Lentitud en las sanciones y el riesgo de la impunidad
El titular de Chile Transparente alertó sobre los efectos sociales que produce la tardanza en los procesos sancionatorios del sector público. Sostuvo que cuando los castigos tardan años en concretarse, se termina normalizando una nociva cultura individualista o del "winner".
"Cuando la justicia o el sistema de responsabilidades tarda mucho en llegar, va quedando esta sensación de que no está pasando nada. Efectivamente, ahí es cuando la idea de impunidad se empieza a instalar en la ciudadanía", advirtió Figueroa.
Asimismo, profundizó en cómo esto fractura el pacto cívico. "Si no logramos recuperar la confianza en las instituciones en esos espacios vitales para el desarrollo de las personas... terminamos defendiendo que si yo logro salirme con la mía sin que me pillen, puedo terminar siempre defendiendo los valores sociales".
La grieta entre la legalidad y la justicia
Al analizar las recientes controversias por contrataciones estatales a personas sin título o recién egresadas con altas asignaciones, Figueroa expuso las fallas estructurales del régimen a honorarios. Detalló que, a diferencia de la planta o la contrata, esta modalidad carece de concursos públicos. Además, deja a total discreción de la jefatura los montos y requisitos de entrada.
"Allí es donde justamente aparece el problema de fondo en nuestro país, que aquello que es legal no necesariamente termina siendo justo para la realidad social de un país que está con números rojos en materia de crecimiento, donde los sueldos de la gran mayoría de los chilenos están en torno a los 700.000 pesos", puntualizó.
Finalmente, cuestionó el actuar reactivo de las autoridades al corregir remuneraciones únicamente tras la presión mediática. "Dado que fui sorprendido por la opinión pública, termino reaccionando... pero se termina abusando de un sistema de empleo público que desde el punto de vista de la forma de contratación es completamente legal y aceptado, pero que termina burlándose de las personas".