Interceptar comunicaciones y restringir libertades individuales durante un periodo de hasta ocho meses forman parte de las facultades que encendieron el debate en torno a las reformas constitucionales propuestas por el Gobierno en materia de seguridad.
El senador Matías Walker cuestionó duramente algunos de los elementos de la iniciativa y advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría incorporar este tipo de atribuciones a nivel constitucional.
Durante una entrevista en Concierto Valor, el parlamentario planteó que la prioridad debería estar en implementar medidas concretas de seguridad y avanzar en proyectos que permanecen pendientes, en lugar de abrir una nueva discusión constitucional.
La facultad por ocho meses que Walker calificó como una “locura”
Una de las principales críticas del senador estuvo dirigida a las atribuciones extraordinarias incluidas en la propuesta gubernamental.
Walker cuestionó particularmente la duración y alcance que podrían tener estas herramientas. “Que durante 8 meses se puede declarar un estado parecido al estado de asamblea, interceptar comunicaciones, restringir libertades individuales sin autorización del Congreso... eso es una locura en cualquier parte del mundo”, afirmó.
Para el parlamentario, el análisis de una reforma de estas características no debería considerar únicamente las autoridades que actualmente podrían ejercer las nuevas facultades.
También debe contemplarse qué podría ocurrir en el futuro si esas atribuciones quedaran disponibles para gobiernos con características diferentes. “Siempre hay que pensar que las reglas constitucionales en malas manos, de regímenes populistas o autoritarios, puede producir efectos desastrosos y que no tienen nada que ver con la seguridad”, advirtió.
La crítica a abrir una nueva discusión constitucional
Walker también cuestionó que parte de la estrategia de seguridad requiera modificaciones constitucionales de esta magnitud.
A su juicio, aquello podría terminar desviando el debate desde las medidas que actualmente necesita el país. “Meter al país en una discusión de un tercer proceso constituyente relacionado con las normas de seguridad creo que es un despropósito al principal objetivo que debiera ser precisamente avanzar en la agenda de seguridad”, sostuvo.
El senador fue más allá y calificó la propuesta como una decisión de carácter político. “Esta es una operación política porque el gobierno sabe que ningún senador razonable puede aprobar estas reformas constitucionales en la forma que están planteadas”, afirmó.
Los 2.000 carabineros comprometidos por el Gobierno
Frente al énfasis puesto en las reformas, Walker planteó que la ciudadanía también espera respuestas concretas relacionadas con la presencia policial.
En ese contexto, recordó el compromiso del Ejecutivo de incorporar 2.000 nuevos carabineros a formación durante agosto. “Yo le pregunto al ministro Arrau, ¿cuántos carabineros ingresaron ahora en agosto a formarse? Porque el compromiso del gobierno es que iban a ser 2.000 carabineros”, cuestionó.
Para el parlamentario, este tipo de medidas representa de manera más directa las preocupaciones cotidianas de las personas. “Esos son los temas que le preocupan a la ciudadanía”, agregó.
La discusión planteada por Walker contrapone así la creación de nuevas herramientas legales con la capacidad del Estado para implementar las medidas de seguridad ya comprometidas.
Los proyectos de seguridad que siguen pendientes
El senador también apuntó a iniciativas legislativas que, a su juicio, deberían concentrar los esfuerzos políticos. Entre ellas mencionó el proyecto de infraestructura crítica y las reglas de uso de la fuerza.
También destacó el levantamiento del secreto bancario como una herramienta para seguir el movimiento de recursos asociados al crimen. Para Walker, avanzar en la inteligencia económica es parte de las herramientas necesarias para enfrentar organizaciones criminales.
El debate sobre el plan de seguridad queda así dividido entre dos dimensiones: las nuevas facultades constitucionales que propone el Gobierno y la gestión inmediata que, según el senador, debería ocupar la prioridad de la agenda.
Su principal advertencia apunta al alcance que podrían adquirir algunas de esas herramientas: facultades extraordinarias que no solo deben evaluarse pensando en quién las utilizaría actualmente, sino también en quién podría disponer de ellas en el futuro.