Revisiones de mochilas, nuevas herramientas para los docentes y medidas frente a episodios de violencia forman parte del nuevo escenario para los establecimientos educacionales. Pero la promulgación de la Ley “Escuelas Protegidas” también reabre una pregunta más amplia: ¿qué necesitan los estudiantes para sentirse realmente seguros dentro de un colegio?
La normativa promulgada por el Presidente José Antonio Kast busca fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades educativas frente a amenazas y hechos de violencia.
Su implementación ocurre en medio de cifras que muestran un aumento de situaciones complejas dentro de los establecimientos. Las denuncias por maltrato contra adultos recibidas por la Superintendencia de Educación crecieron un 58% entre 2023 y 2025, desde 441 hasta 695.
Durante 2025, además, se registraron en promedio 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales, según cifras de Carabineros.
El bienestar emocional entra en la discusión
Para Matías González, fundador y director del colegio online Brincus, las medidas destinadas a mejorar la seguridad física deberían convivir con otra dimensión: las condiciones emocionales en las que niños y adolescentes enfrentan su proceso educativo. “Durante años centramos la conversación educativa casi exclusivamente en los resultados académicos, como si un estudiante pudiera aprender bien estando mal emocionalmente. Hoy sabemos que no es así”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, proteger una comunidad escolar no se reduciría únicamente a prevenir amenazas, armas o agresiones. También implicaría construir ambientes donde los alumnos puedan sentirse escuchados, acompañados y parte de su comunidad.
Factores como el estrés académico, la ansiedad o la desmotivación pueden repercutir en la experiencia escolar. Por ello, González plantea que el bienestar y el sentido de pertenencia deben considerarse junto con aspectos como la asistencia, la motivación y el aprendizaje. “Seguridad y bienestar emocional no son conceptos contrapuestos. Un estudiante necesita sentirse seguro para aprender, pero esa seguridad también implica sentirse acompañado y parte de su comunidad educativa”, afirmó.
Una de las alternativas planteadas es avanzar hacia un aprendizaje más personalizado, que permita considerar diferentes ritmos y niveles de exigencia y entregar un acompañamiento más cercano.
El desafío que deja la nueva legislación, entonces, podría ir más allá de reaccionar frente a episodios de violencia. La discusión también pasa por qué condiciones necesitan los estudiantes para desarrollarse y aprender dentro de espacios que perciban como seguros. “No se trata de bajar la exigencia académica, se trata de entender que las notas son consecuencia de un proceso, y que ese proceso empieza por cómo se siente el estudiante”, concluyó González.