El debate sobre los test de drogas a autoridades públicas volvió a instalarse tras el caso del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez. Sin embargo, para especialistas, la discusión no debería limitarse a quiénes deben someterse a estos exámenes, sino también a cómo se diseñan los protocolos para garantizar transparencia, igualdad de trato y respeto por los derechos de las personas.
Ese fue uno de los temas analizados en el Panal de Ideas de Concierto Valor, donde las consultoras Yolanda Pizarro y Kim Brierley reflexionaron sobre los estándares que deberían regir este tipo de controles.
Transparencia y privacidad
Yolanda Pizarro sostuvo que cualquier mecanismo de fiscalización debe conciliar dos principios que pueden entrar en tensión. "Este sistema... debe equilibrar dos principios que para mí son fundamentales: el derecho a la privacidad de las autoridades y el derecho de nosotros como ciudadanos a exigir altos estándares de probidad", afirmó.
A su juicio, ninguno de esos objetivos debería imponerse completamente sobre el otro, por lo que el diseño institucional resulta determinante.
El debate no termina en el examen
La exsubsecretaria planteó que el foco no debería estar únicamente en definir qué autoridades deben realizarse controles. "La discusión no debería centrarse únicamente en quiénes se realizan los exámenes, sino preguntarnos si los protocolos cumplen realmente con los estándares de igualdad, de transparencia y de rendición de cuentas", señaló.
Según explicó, la existencia de procedimientos claros y aplicados de manera uniforme es tan importante como la realización de los propios test.
Protocolos que generen confianza
Pizarro también sostuvo que el Estado debe avanzar hacia mecanismos que permitan fortalecer la confianza pública. Esto, sin afectar injustamente a las personas sometidas a estos controles. "Es urgente que... el Estado sea capaz de ponerse de acuerdo con sus poderes para poder aplicar estos test y rendirle cuenta a la ciudadanía sin complicar también la honra", afirmó.
En esa línea, el debate abordó la importancia de contar con procedimientos independientes y criterios conocidos previamente para evitar cuestionamientos sobre la forma en que se aplican los exámenes.
El riesgo de instalar sospechas
Kim Brierley advirtió que los protocolos también deben considerar el impacto que puede generar una fiscalización mal diseñada. "Eres inocente hasta que se muestre lo contrario es muy complejo, porque además queda sembrada la duda", comentó.
A su juicio, cualquier mecanismo de control debe resguardar el principio de presunción de inocencia. Además, debe evitar que las personas enfrenten cuestionamientos públicos antes de que exista una conclusión formal.
Las especialistas coincidieron en que fortalecer la probidad de las instituciones depende de aumentar las exigencias para las autoridades. No solo esto, sino también de construir procedimientos transparentes, iguales para todos y capaces de generar confianza.