Una vivienda puede ser utilizada reiteradamente para el tráfico de drogas y, aun así, un municipio puede tener pocas herramientas para recuperarla. Esa es una de las dificultades que advirtió la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, al analizar los desafíos locales frente al crimen organizado.
Durante una entrevista en Concierto Valor, la jefa comunal abordó la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo (ACOT) y planteó que las nuevas herramientas legislativas deben estar acompañadas por una gestión preventiva más robusta.
En ese escenario, Delfino puso especial atención en las limitaciones que enfrentan los municipios para intervenir propiedades vinculadas permanentemente al tráfico de drogas.
Karina Delfino
Las dificultades para recuperar casas utilizadas para traficar drogas
La alcaldesa explicó que existen viviendas donde este tipo de delitos se mantienen en el tiempo, pero que no necesariamente cumplen con las condiciones administrativas que permitirían al municipio intervenir. “Hay casas que constantemente y permanentemente en el tiempo se están traficando drogas... y la verdad que nosotros quedamos bien cortos”, afirmó.
Según explicó, si una propiedad no corresponde administrativamente a una toma o no presenta determinadas irregularidades, las posibilidades de acción municipal son limitadas.
En esos casos, una eventual recuperación depende de otras instituciones. “Si no es con una acción de la fiscalía... las casas no se nos pueden entregar”, agregó.
La situación, según planteó, muestra uno de los desafíos que enfrentan las autoridades locales al intentar recuperar espacios utilizados por redes vinculadas a actividades delictivas.
“Hay que sacar a los niños de las redes del crimen organizado”
Más allá de la persecución del delito, Delfino insistió en que una política de seguridad sostenible necesita fortalecer la prevención. “El énfasis tiene que estar en la gestión, pero diría yo sobre todo en los temas preventivos porque son los sostenibles en el tiempo”, sostuvo.
Uno de los ejemplos abordados fue el trabajo con menores expuestos a entornos vinculados con la delincuencia. “Hay que sacar a los niños de las redes del crimen organizado. ¿Y cómo se saca...? Yéndolo a buscar a sus casas para que asistan al colegio, entregándole oportunidades laborales”, señaló.
En ese contexto, destacó los resultados del Programa Lazo. Según los antecedentes expuestos durante la conversación, el 98% de los menores que ingresaron al programa no volvieron a cometer delitos.
Para Delfino, ese tipo de intervenciones demuestra la importancia de complementar las medidas de persecución con estrategias que actúen antes de que niños y adolescentes sean captados por organizaciones criminales.
El nuevo rol de la seguridad municipal
La entrevista también abordó los cambios relacionados con la Ley de Seguridad Municipal.
Delfino destacó que la normativa reconoce formalmente la función que desempeñan los funcionarios municipales en coordinación con las policías. “La ley reconoce el rol como colaborativo, como un personal que se coordina y que colabora en las distintas tareas con las policías”, explicó.
Sin embargo, también se plantearon aspectos administrativos pendientes de resolver, entre ellos las condiciones necesarias para que funcionarios municipales puedan conducir vehículos de emergencia.
La desigualdad entre los recursos de las comunas
La alcaldesa también abordó el debate por la exención de contribuciones para mayores de 65 años y sus consecuencias sobre los ingresos municipales.
Delfino advirtió que el impacto no será equivalente para todos los territorios, debido a las diferencias existentes en la recaudación del impuesto territorial. “Si bien cada comuna va a recibir lo mismo, como no en todas las comunas se tributa igual el impuesto territorial, las comunas van a tener distintos recursos... ahí es donde se genera la desigualdad”, afirmó.
Según lo discutido durante la entrevista, mientras algunas comunas vulnerables recibirían compensaciones cercanas a los $15 millones, otros municipios podrían recibir montos de miles de millones.
Para Delfino, las diferencias territoriales también deben ser consideradas al momento de diseñar políticas de seguridad, especialmente cuando los municipios adquieren mayores responsabilidades en prevención y colaboración con las policías.
Su diagnóstico apunta así a un desafío que excede la creación de nuevas leyes: entregar a los gobiernos locales herramientas efectivas para prevenir el ingreso de menores al crimen organizado, recuperar espacios utilizados para actividades ilícitas y responder a las necesidades de seguridad de sus territorios.
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