La nueva megarreforma de seguridad presentada por el Gobierno busca enfrentar uno de los principales desafíos del país mediante una estrategia estructurada en cuatro pilares. Sin embargo, para el abogado Pablo Urquizar, parte importante del problema no necesariamente requiere aprobar nuevas leyes.
El coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello valoró que la seguridad se haya instalado como una prioridad estatal, pero advirtió que Chile todavía mantiene debilidades en la implementación de políticas existentes, la especialización de las policías y el funcionamiento de su sistema de inteligencia.
Durante una entrevista en Concierto Valor, Urquizar planteó que una estrategia efectiva debe combinar los cambios legislativos con una mejor capacidad administrativa del Estado.
No todos los problemas se solucionan con nuevas leyes
Urquizar valoró inicialmente la importancia que el Ejecutivo decidió entregar a la materia. “Lo primero, bueno, es una buena impresión en el sentido de poner a la seguridad como la primera prioridad del Estado, como debería ser, y además la primera preocupación de los chilenos y chilenas”, afirmó.
Sin embargo, el especialista puso el foco en la diferencia entre aprobar legislación y conseguir que las políticas funcionen en la práctica.
Uno de los puntos discutidos fue la falta de actualización de planes comunales y regionales de seguridad, herramientas que dependen de la capacidad administrativa del Ejecutivo.
En ese sentido, Urquizar recordó que existe una responsabilidad que recae directamente sobre el Gobierno. “La prevención es esencialmente un rol del gobierno”, sostuvo.
Según explicó, mientras la persecución penal corresponde al Ministerio Público, existen medidas preventivas que pueden desarrollarse desde el Ejecutivo sin que necesariamente sea necesario crear una nueva legislación.
El crimen cambió y las policías también deben hacerlo
Otro de los desafíos planteados fue la transformación de la delincuencia durante los últimos años.
Para Urquizar, aumentar la cantidad de funcionarios policiales no sería suficiente si ese crecimiento no está acompañado por una mayor especialización. “Hoy día la delincuencia no es la delincuencia común que veíamos hace más de 10 años... se necesita especialización para afrontar los distintos flagelos”, señaló.
El especialista distinguió tres fenómenos que requieren capacidades diferentes: la delincuencia común, el crimen organizado —tanto nacional como transnacional— y el terrorismo.
Desde esa perspectiva, las policías requieren herramientas y conocimientos específicos para responder a amenazas que presentan características distintas.
El punto que faltaría fortalecer: inteligencia
Dentro de su análisis de la reforma, Urquizar identificó una debilidad particular: la inteligencia.
A su juicio, fortalecer las capacidades policiales sin contar con un sistema robusto de información limita la capacidad del Estado para anticiparse a las organizaciones criminales. “Sin inteligencia, las policías, las Fuerzas Armadas operan así... la inteligencia es algo que faltó y que requiere necesariamente fortalecerse”, afirmó.
En ese contexto, el análisis abordó la situación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), particularmente sus capacidades y recursos para cumplir sus funciones a nivel nacional.
Para Urquizar, este componente adquiere especial relevancia frente al crimen organizado, donde la capacidad de anticipar movimientos y comprender las estructuras de las organizaciones resulta fundamental.
Las cárceles como parte de la estrategia
El sistema penitenciario también apareció como uno de los elementos necesarios para enfrentar organizaciones criminales.
Durante la conversación se destacó el modelo italiano de recintos de alta seguridad como una referencia. Esta, para evitar que las cárceles se conviertan en espacios desde donde continúen operando estructuras delictivas.
El desafío, bajo esta mirada, no consiste únicamente en detener y condenar a quienes participan en organizaciones criminales, sino también en impedir que mantengan capacidad operativa desde los recintos penitenciarios.
La megarreforma abre así una discusión que trasciende la aprobación de nuevas normas. Para Urquizar, enfrentar la transformación del crimen requiere simultáneamente mejorar la implementación de las políticas existentes, especializar a las policías, fortalecer el sistema penitenciario y desarrollar capacidades de inteligencia capaces de anticiparse a amenazas cada vez más complejas.