La reciente sobrecarga que afectó al Poder Judicial abrió un intenso debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Sin embargo, para Esteban Ruiz, director ejecutivo de la Asociación de Legaltech en Chile (Altech), el foco de la discusión se ha desplazado hacia el lugar equivocado.
Durante una entrevista en Concierto Valor, el especialista sostuvo que el problema no fue provocado por un uso sofisticado de inteligencia artificial, sino por la automatización masiva del ingreso de escritos, por lo que advirtió sobre los riesgos de impulsar prohibiciones que podrían frenar la modernización del sistema.
IA y automatización no son lo mismo
Ruiz planteó que ambos conceptos se han mezclado en el debate público, generando conclusiones que, a su juicio, no reflejan lo ocurrido. "Lo que se hizo fue automatizar el ingreso de escrito de manera masiva. Y el foco donde está puesto y creemos que ahí hay un error es como tratar empezar a prohibir la inteligencia artificial y empezar a demonizar algo que es una tecnología que ya todo el mundo llegó", afirmó.
Según explicó, atribuir el problema directamente a la inteligencia artificial puede llevar a regulaciones equivocadas que terminen afectando herramientas con un enorme potencial para mejorar el funcionamiento del sistema judicial.
El acceso a la justicia también está en juego
El director de Altech sostuvo que la tecnología no solo permite agilizar procesos, sino que también puede facilitar que más personas accedan a la justicia. "Tenemos aquí temas de acceso a la justicia que son un derecho humano... y la tecnología también ayuda a que este acceso pueda ser más barato, más eficiente y más masivo. Entonces empezar a prohibir y empezar a reglamentar algo que aún está en desarrollo... creemos que es peligroso", señaló.
En esa línea, insistió en que el desafío consiste en establecer reglas claras para su utilización, pero sin impedir el desarrollo de nuevas herramientas. "No hagamos nada con prohibir tecnología... regulemos, establecemos criterios objetivos... pero no prohíbas una tecnología porque sí, incluso se atenta contra un derecho humano", agregó.
Un desafío que va más allá del Poder Judicial
Para Ruiz, la discusión no debería limitarse únicamente a los tribunales.
A su juicio, la modernización debe extenderse a todo el aparato público. "Esto incluso trasciende al Poder Judicial. Esto es el Estado completo. El Estado tiene que empezar a modernizarse y empezar a pensar diferente", afirmó.
Entre las medidas mencionadas, destacó la necesidad de avanzar hacia sistemas interoperables que permitan a las distintas instituciones intercambiar información de manera eficiente, reduciendo trámites, tiempos de espera y costos para los ciudadanos.
La principal barrera sigue siendo cultural
El especialista sostuvo que uno de los mayores obstáculos para avanzar no es tecnológico, sino cultural. "Yo creo que tiene que ver con un tema cultural... el sistema judicial de por sí es un sistema que es más conservador... modernizar y acompañar ese proceso y entender nuevas lógicas muchas veces no es tan rápido como uno quisiese", comentó.
Según explicó, Chile ya cuenta con avances importantes en tramitación electrónica, pero todavía persisten resistencias que dificultan incorporar herramientas digitales de manera más amplia.
Para Ruiz, el desafío consiste en aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología sin confundir problemas de implementación con las capacidades de la inteligencia artificial, evitando que ese diagnóstico termine retrasando la transformación digital del Estado.