La reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno podría encontrar una nueva posibilidad de acuerdo en el Congreso.
Después de manifestar reparos frente a la propuesta original, la UDI abrió la puerta a entregar sus votos, aunque estableció una condición fundamental: cualquier modificación a la Constitución debe limitarse estrictamente a aquello que resulte necesario para implementar la agenda de seguridad. Así lo explicó el diputado y presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, durante una entrevista en Concierto Valor.
El parlamentario abordó además uno de los aspectos más cuestionados de la propuesta original: la posibilidad de extender determinadas facultades extraordinarias durante 240 días sin consultar al Congreso.
Ramírez calificó esa idea como una “locura”, aunque descartó que detrás de ella existiera una intención autoritaria.
Las condiciones de la UDI para apoyar la reforma
La posición del partido, explicó Ramírez, no implica rechazar cualquier modificación constitucional relacionada con seguridad.
La colectividad estaría disponible para respaldar cambios siempre que estos tengan un objetivo específico y no terminen abriendo una discusión constitucional de mayor alcance. “Si tiene que haber una reforma constitucional porque es necesario, está bien, pero que sea la justa y necesaria, modesta, acotada, quirúrgica”, señaló.
El objetivo, agregó, debe ser conseguir las herramientas requeridas para enfrentar los problemas de seguridad sin transformar el debate en una nueva discusión general sobre la Constitución. “Que cumpla con el objetivo propuesto, pero no entremos en una discusión constitucional”, enfatizó.
De esta manera, la UDI pasa desde los reparos iniciales a una posición que permite negociar el contenido de la reforma.
“240 días era una locura”
Uno de los puntos que generó mayor resistencia fue el diseño original del nuevo estado de excepción.
La propuesta contemplaba un periodo de hasta 240 días antes de requerir la intervención del Congreso.
Ramírez fue categórico al evaluar esa fórmula. “Esto de no preguntarle al Congreso 240 días, ¿era una locura? Por supuesto que era una locura”, afirmó.
Sin embargo, el presidente de la UDI estableció una diferencia entre cuestionar el contenido de la propuesta y atribuirle al Ejecutivo una intención de carácter autoritario. “Yo estoy seguro, 100% seguro, que aquí jamás hubo ningún tipo de intencionalidad autoritaria”, sostuvo.
Según su interpretación, el propósito detrás de la iniciativa era construir una herramienta especialmente fuerte para enfrentar amenazas de seguridad. “Lo que el Presidente y el Gobierno estaban tratando de hacer en ese estado de excepción era una herramienta firme, dura para acabar con el crimen y el terrorismo”, agregó.
¿Puede realizarse un plebiscito?
Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de llevar la discusión directamente a la ciudadanía mediante un plebiscito.
Ramírez descartó ese escenario bajo las actuales reglas institucionales. “El plebiscito está establecido en la Constitución para casos muy específicos”, explicó.
El parlamentario sostuvo que un eventual rechazo de la reforma por parte del Congreso no habilitaría automáticamente una consulta popular. “No se prevé el plebiscito para casos en que el Congreso rechace cosas, que sería este caso”, afirmó.
Por esa razón, aseguró que la UDI tampoco estaría disponible para respaldar un mecanismo que no esté contemplado dentro de la institucionalidad. “Simplemente el plebiscito no es posible, no está dentro de nuestras reglas y por lo tanto nosotros jamás aprobaríamos algo que se sale de la institucionalidad”, señaló.
La discusión por los acuerdos políticos
Ramírez también abordó la propuesta de proyectar políticas de Estado a 30 años impulsada conjuntamente por los alcaldes Jaime Bellolio y Tomás Vodanovic.
El presidente de la UDI valoró que figuras provenientes de sectores políticos distintos busquen construir acuerdos de largo plazo, aunque realizó una dura crítica al papel que, a su juicio, tuvo el Frente Amplio en el deterioro del diálogo político. “El diálogo en Chile desapareció y se destruyó con la aparición del Frente Amplio”, afirmó.
Para Ramírez, la experiencia de gobernar habría llevado a algunos dirigentes de ese sector a modificar su relación con los acuerdos. En ese contexto, calificó la propuesta de Vodanovic como “contracultural” dentro de su propia coalición. “Acá hay algunas personas del Frente Amplio que se dieron cuenta al gobernar de que su parada inicial de no conversar con nadie y de creerse superiores moralmente [...] era una posición errada”, sostuvo.
La discusión sobre la reforma de seguridad podría convertirse precisamente en una prueba para esa lógica de negociación.
La UDI mantiene sus cuestionamientos al diseño original, pero ya no cierra la puerta a un acuerdo. Su condición es reducir la reforma a los cambios estrictamente necesarios y evitar que la agenda de seguridad termine transformándose en una nueva disputa constitucional.