En conversación en el programa La Comunidad Contrataca de Radio Concierto, Simón Espinosa, director ejecutivo de En Volá, analizó el complejo escenario que enfrenta la comunidad cannábica tras la "Operación Imperio Ámsterdam".
Este mediático operativo policial, que afectó directamente el funcionamiento del Dispensario Nacional, ha reabierto el debate sobre la regulación. Además, también se discuten los retrocesos en las políticas de drogas en Chile.
Espinosa lamentó el enorme despliegue de recursos públicos destinados a perseguir a organizaciones que operan de forma completamente visible.
"Hemos avanzado superpoco y se ha retrocedido en la dirección opuesta que tiene que ver con la criminalización, con un gasto fiscal enorme en persecución", señaló. Espinosa destacó que se movilizaron 500 carabineros y 20 fiscales para investigar a una entidad con locales comerciales establecidos a la calle, logos y páginas web.
Para el fundador del medio cannábico en español más visto del mundo, esta persecución estigmatiza de manera injusta a miles de ciudadanos.
"Todos conocemos a alguien que usa cannabis medicinal o no medicinalmente y todos sabemos que esa persona no es un delincuente", afirmó.
Entre los principales afectados por el cierre del dispensario se encuentran personas con enfermedades graves, como el cáncer. Estos pacientes recurren a estas redes para acceder a tratamientos seguros y no exponerse a los peligros del mercado ilegal.
El vacío legal y las contradicciones de la ley chilena
Espinosa explicó que, aunque el cultivo de cannabis medicinal está consagrado en la legislación chilena mediante receta médica (bajo la Ley 21.575), persisten contradicciones administrativas. Por eso, estas contradicciones facilitan la persecución.
Una de ellas involucra directamente al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
Según la circular 772-2024 del organismo, el SAG solo tiene competencia sobre el cáñamo industrial y no otorga permisos para el autocultivo medicinal individual o colectivo. En consecuencia, esta justificación se deriva a las autoridades de salud.
Pese a esto, Carabineros suele justificar los allanamientos alegando que los usuarios no cuentan con la autorización del SAG.
"La marihuana sigue en lista uno como si fuera cocaína. La tratamos igual y la perseguimos igual en este país", fustigó Espinosa. Además, comparó el trato punitivo con industrias reguladas como el alcohol o el tabaco, cuyos daños colaterales a la salud son significativamente mayores.
Frente a este adverso panorama, desde En Volá promueven la educación y la transparencia del gasto público a través de un observatorio periodístico en su sitio web. También buscan visibilizar los costos de la persecución y promover la reducción de daños.