Los más de $1,4 billones en rendiciones que el Estado aún no ha acreditado instalaron la idea de un problema masivo en la administración de recursos públicos. Sin embargo, parte importante de esa cifra podría responder a una realidad distinta: no necesariamente a la ausencia de rendiciones, sino a la incapacidad del propio aparato estatal para revisarlas oportunamente.
Ese fue uno de los principales planteamientos realizados por Cristóbal Tello, director del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica, y Cristóbal del Castillo, gerente general de Inside Up, durante una conversación en Concierto Valor, donde analizaron cómo el aumento de los controles tras el Caso Fundaciones también dejó al descubierto las limitaciones operativas del Estado.
Cuando el problema no es rendir, sino revisar
Tello llamó a diferenciar entre una rendición que no existe y una que aún no ha sido acreditada por el servicio público correspondiente.
A su juicio, ambas situaciones suelen mezclarse en el debate público, generando interpretaciones que no siempre reflejan lo que ocurre en la práctica.
"Pareciera que la conclusión puede ser distinta porque habla de fondos que la rendición no ha sido acreditada, o sea, que el Estado no ha hecho 'check' a la rendición... es el servicio el que no ha podido procesar ese rendir", explicó.
Desde esa perspectiva, sostuvo que una parte importante del problema se encuentra en la capacidad administrativa del Estado para revisar el volumen de información que recibe cada mes.
Un sistema que no logra procesar su propia carga
Como ejemplo, Tello mencionó la situación del Servicio de Protección Especializada a la Niñez.
Según detalló, el organismo enfrenta una carga de trabajo muy superior a su capacidad de supervisión.
"Tienen que procesar 2.000 proyectos que tienen que hacer 2.000 rendiciones al mes y tienen para eso 88 supervisores a nivel nacional y entonces solo alcanza a revisar un 22% de los documentos de rendición", señaló.
A su juicio, ese tipo de cifras evidencia que parte del atraso responde a limitaciones operativas más que a incumplimientos automáticos por parte de las organizaciones.
Más controles, pero también más burocracia
Tras el estallido del Caso Fundaciones, las exigencias administrativas aumentaron de manera significativa.
Según Tello, un estudio realizado por su equipo mostró que el 84% de las organizaciones percibe un incremento del control burocrático. Por otro lado, el 57% considera que hoy existe una mayor desconfianza por parte del Estado.
Además, advirtió que el debate público terminó afectando a instituciones que no estuvieron involucradas en las irregularidades.
"¿Por qué acá hablamos del 'Caso Fundaciones'? Porque ahí envolvemos a todas y generamos un estigma que es súper pernicioso para instituciones que hacen un aporte clave en el país y peligroso para todo el país", afirmó.
La productividad del Estado también entra en discusión
Cristóbal del Castillo planteó que el debate abre una pregunta más amplia sobre la eficiencia con que opera el sector público.
A su juicio, el foco no debería estar únicamente en aumentar los controles. De hecho, debería estar también en medir la capacidad de las instituciones para cumplir oportunamente sus funciones.
"¿Quién está revisando los indicadores de productividad del Estado?... ¿Lo que hacemos tiene alguna lógica con la productividad? ¿Tú te imaginas que en una empresa el que revisa las rendiciones demorara 5,6 días en revisarla?", cuestionó.
Para ambos especialistas, fortalecer la fiscalización sigue siendo necesario. Sin embargo, ese esfuerzo debe ir acompañado de capacidades institucionales que permitan procesar la información sin generar nuevos cuellos de botella.