El reciente desmantelamiento de una célula vinculada al Tren de Aragua en el barrio Bellavista volvió a poner en evidencia la complejidad que ha alcanzado el crimen organizado en Chile.
Así lo planteó el diputado Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad, quien analizó los alcances de la denominada Operación Tokio y los desafíos que enfrenta el Estado para enfrentar organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.
Una estructura mucho más compleja
Según explicó el parlamentario, la investigación reveló una red que iba mucho más allá de los delitos tradicionales asociados a bandas criminales.
La organización operaba mediante extorsiones, actividades clandestinas y mecanismos financieros que permitían mover recursos fuera del país.
“Esta operación permite graficar el grado de inserción que tiene el crimen organizado en nuestro país”, afirmó.
A juicio de Leiva, estas organizaciones funcionan como verdaderas estructuras empresariales transnacionales con capacidad para infiltrarse en distintos ámbitos de la economía y la sociedad.
Seguir la ruta del dinero
Por otra parte, el diputado sostuvo que la persecución penal debe complementarse con herramientas que permitan identificar los flujos financieros asociados a estas redes.
“Hay que llegar a la cabeza de ese pulpo”, señaló al referirse a la necesidad de fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera.
La lógica, explicó, es detectar operaciones sospechosas antes de que los delitos más graves lleguen a concretarse.
El debate sobre el secreto bancario
En ese contexto, Leiva defendió la necesidad de avanzar en modificaciones legales que faciliten el acceso a información financiera bajo determinados criterios de control institucional.
A su juicio, seguir la trazabilidad del dinero es una de las formas más efectivas de identificar a quienes dirigen y financian estas organizaciones criminales.
El objetivo, sostuvo, es actuar de manera preventiva y no únicamente después de que ocurran hechos violentos.
Cuestionamientos a la estrategia de seguridad
Asimismo, el parlamentario manifestó inquietud respecto a la formalización de la estrategia nacional de seguridad.
Según indicó, la legislación contempla la existencia de instrumentos públicos que definan lineamientos, metas y mecanismos de evaluación.
Sin embargo, aseguró que todavía persisten dudas sobre la existencia de un documento oficial que permita monitorear el cumplimiento de esos objetivos.
Un desafío que trasciende las fronteras
Para Leiva, uno de los principales aprendizajes de casos como la Operación Tokio es que el crimen organizado ya no puede entenderse únicamente como un fenómeno local.
Las organizaciones que operan en Chile forman parte de redes internacionales con capacidad económica, logística y financiera que supera las fronteras nacionales.
Por ello, concluyó, la respuesta del Estado requiere combinar persecución penal, inteligencia financiera y coordinación institucional para enfrentar una amenaza cada vez más compleja.