Cada vez que un delito de alto impacto conmociona al país, el debate suele concentrarse en la persecución de los responsables. Sin embargo, para Pablo Urquizar, esa conversación parte demasiado tarde.
Durante su participación en Concierto Valor, el coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello sostuvo que la principal debilidad del sistema chileno está en su capacidad para anticiparse a los hechos y no únicamente en reaccionar cuando estos ya ocurrieron.
Un Estado que llega después
Urquizar planteó que la misión esencial del Estado es impedir que los delitos ocurran y no limitarse a perseguir a quienes ya los cometieron.
“Cuando un sistema persigue es un sistema fracasado, porque lo que tiene que hacer el Estado es evitar, es prevenir que este tipo de hechos pasen”, afirmó.
A su juicio, la prevención debe transformarse en el eje central de la política de seguridad.
La importancia de la inteligencia
Para avanzar hacia ese objetivo, el abogado destacó el papel que cumple la inteligencia como herramienta estratégica.
“Sin inteligencia las policías, las Fuerzas Armadas operan a ciegas”, señaló.
En ese contexto, valoró la implementación de nuevas herramientas legales destinadas a fortalecer la capacidad del Estado para detectar anticipadamente amenazas asociadas al crimen organizado.
Una amenaza que cambió de escala
El análisis también apuntó a cómo la delincuencia ha evolucionado durante la última década.
Urquizar recordó que delitos como las extorsiones y los secuestros han registrado incrementos muy significativos desde 2014, modificando el escenario de seguridad que históricamente caracterizó a Chile.
Según explicó, estos fenómenos forman parte de organizaciones criminales con estructuras mucho más sofisticadas y capacidad para operar de manera transnacional.
El problema también está dentro de las cárceles
Otro de los focos de preocupación corresponde al sistema penitenciario.
Para el especialista, las cárceles dejaron de ser únicamente espacios destinados al cumplimiento de condenas y comenzaron a transformarse en centros desde donde también operan organizaciones criminales.
“La cárcel se empezó a gestar como un problema mayor”, sostuvo.
La presencia masiva de teléfonos celulares y otras formas de comunicación ilícita ha permitido que diversas bandas continúen coordinando actividades desde el interior de los recintos penales.
Más que seguridad pública
Urquizar planteó que el fenómeno actual supera el ámbito estrictamente policial.
“Estamos viviendo una problemática no solo que implica una crisis de seguridad pública, sino también una crisis de seguridad nacional”, afirmó.
Desde esa perspectiva, enfrentar el crimen organizado requiere coordinación entre distintas instituciones, fortalecimiento de la inteligencia y una estrategia orientada a prevenir antes que reaccionar.
Porque, según planteó el especialista, la verdadera discusión ya no pasa únicamente por capturar delincuentes, sino por impedir que las organizaciones criminales logren consolidarse.