El anuncio de un futuro registro de vándalos e infractores abrió un nuevo debate sobre las herramientas que utiliza el Estado para enfrentar las incivilidades y los desórdenes públicos.
Durante su participación en Concierto Valor, el académico Cristóbal Tello analizó la propuesta y planteó dudas sobre su efectividad, advirtiendo además sobre posibles consecuencias no deseadas asociadas a este tipo de medidas.
Un antecedente que ya existe
Según explicó, la iniciativa tiene similitudes con mecanismos aplicados anteriormente en otros ámbitos.
Tello recordó que desde hace varios años existe un registro asociado a infracciones en el transporte público, donde algunas sanciones contemplan restricciones o pérdida de beneficios estatales.
“Hay un precedente”, señaló.
Por ello, considera relevante evaluar los resultados de esas experiencias antes de replicar herramientas similares en otros ámbitos.
¿Funciona realmente?
Uno de los principales cuestionamientos planteados por el especialista apunta a la falta de evidencia sobre la efectividad de este tipo de registros.
“Estamos volviendo a ocupar una misma herramienta sin saber que la herramienta anterior funciona o no”, afirmó.
A su juicio, antes de ampliar estas medidas sería necesario determinar si efectivamente logran reducir conductas problemáticas o si terminan generando efectos limitados.
Las dificultades para fiscalizar
Otro aspecto destacado durante la conversación fue la complejidad práctica de implementar sanciones de manera efectiva.
Tello explicó que la fiscalización ya representa un desafío importante y que el proceso posterior de identificación y sanción suele ser aún más complejo.
“Si la fiscalización es difícil, la sanción es mucho más complicada”, sostuvo.
En muchos casos, agregó, los infractores no pueden ser identificados correctamente o entregan información incorrecta, lo que dificulta la aplicación de las medidas.
Más que un problema legal
El académico también planteó que las incivilidades no pueden abordarse únicamente desde una perspectiva sancionatoria.
A su juicio, existe un componente cultural que requiere estrategias de largo plazo orientadas a la convivencia, el respeto por los espacios públicos y la construcción de normas compartidas.
“Hay una batalla cultural que dar”, señaló.
El riesgo de la exclusión
Finalmente, Tello advirtió que algunas sanciones podrían terminar profundizando problemas sociales en lugar de resolverlos.
“Ojo que el tratamiento puede ser peor que la enfermedad”, afirmó.
Según explicó, la exclusión de beneficios o apoyos estatales puede generar nuevas dificultades para personas que ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad, lo que obliga a evaluar cuidadosamente los efectos de estas políticas antes de implementarlas.